Esa institución del Estado colombiano, responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos, precisó que alrededor de 450 personas fueron desplazadas en esa localidad ante los enfrentamientos de grupos armados.

Exhortó además al Gobierno y a entidades humanitarias a mantener ‘atención urgente’ con ese conflicto, para activar los protocolos y rutas de atención humanitaria que permitan mitigar al máximo las secuelas de la situación.

Una intervención oportuna de las autoridades competentes, asegura Defensoría del Pueblo de Colombia, permitirá atender de manera oportuna y eficaz a desplazados y salvaguardar derechos de estas comunidades.

Solo en 2020, más de 50 masacres ocurrieron en suelo colombiano, la mayoría contra jóvenes.

Según recientes reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, hasta ahora 12 sucesos violentos ocurrieron en Antioquia, ocho en Nariño y Cauca, cinco en Norte de Santander, cuatro en Putumayo, dos en Chocó, Córdoba, Valle del Cauca y Bolívar, mientras en Atlántico, Arauca, Huila, Magdalena, Tolima, Caldas, Bolívar, Cundinamarca y Meta avisaron de uno en cada localidad.

Paradójicamente, varios miembros de grupos indígenas de esas zonas en conflicto denunciaron la inacción y pasividad del Gobierno del presidente Iván Duque, para enfrentar el caos reinante en el territorio.