La publicación este miércoles en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 32 del Decreto 127 «De las Instituciones Presupuestadas», y las demás Resoluciones que lo acompañan, marca un paso en el proceso de perfeccionamiento del sector presupuestado, en correspondencia con el Programa Económico Social del Gobierno para 2026, orientado a elevar la eficiencia de la administración pública y optimizar el uso de los recursos del Estado.

Berta Iris Rojas Gatorno, directora de política financiera del Ministerio de Finanzas y Precios, explicó que la norma –que entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial– abarca más de 2 400 unidades presupuestadas en todo el país, las cuales agrupan más del 50 % de la fuerza laboral del sector.

La directiva precisó que el decreto busca redimensionar la Administración Central del Estado, perfeccionar sus estructuras y reducir la carga que representa el sostenimiento de gastos administrativos para el presupuesto estatal.

Añadió que entre sus objetivos fundamentales se encuentran alcanzar mayor eficiencia en la dirección de la economía, eliminar cargos no vinculados a funciones específicas y fortalecer la gestión territorial.

Como parte de las transformaciones organizativas, la creación, fusión, extinción o traspaso de estas entidades será aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del papel del Ministerio de Finanzas y Precios, lo que reorganiza el proceso institucional que anteriormente recaía en el Ministerio de Economía y Planificación.

La norma también descentraliza facultades hacia los organismos, al permitir que los jefes de órganos y entidades aprueben actividades autofinanciadas, en función de lograr una gestión más ágil y eficiente.

Por su parte, Guillermo Sarmiento Cabanas, director de organización del trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señaló que el Decreto 127 establece un marco regulatorio integral para el funcionamiento del sistema presupuestado, destacando la necesidad de lograr una mayor racionalidad en el uso de los recursos humanos.

El directivo explicó que una de las disposiciones clave es que los cargos no vinculados directamente a la actividad principal de las entidades no superen el 30 % de la plantilla, lo que contribuirá a conformar estructuras más planas, funcionales y transparentes.

Sarmiento Cabanas subrayó además que la norma introduce nuevas facultades para las unidades presupuestadas con tratamiento especial, las cuales podrán diseñar su organización salarial de manera descentralizada, aplicar sistemas de pago a todos los trabajadores y ampliar sus capacidades de gestión económica.

En este sentido, indicó que las unidades que logren autofinanciar sus gastos podrán establecer su sistema salarial sin vinculación a la escala general, mientras que aquellas con financiamiento parcial podrán aplicar mecanismos de pago más flexibles, eliminando restricciones anteriores.

Ambos directivos coincidieron en que estas medidas forman parte de un proceso integral dirigido a incrementar los ingresos de los trabajadores, mejorar la eficiencia de las entidades y avanzar en la transformación del sector presupuestado.