No es serio ni responsable imaginar que la prosperidad digna y real llegará con bombas, aviones y barcos militares extranjeros, como si la historia no estuviera repleta de pueblos que, seducidos por promesas, terminaron sepultados bajo escombros, deudas y caos.
El 6 de abril de 1960, en un memorando dirigido al Presidente de los EE.UU. Dwight D. Eisenhower, el subsecretario de Estado Lester D. Mallory planteó, sin sutilezas: “La única forma previsible de restarle apoyo interno [a Fidel Castro] es mediante el desencanto y la insatisfacción basados en el malestar económico y las dificultades.

“Si se aceptan estas premisas, se sigue que deben emplearse todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba, adoptar una línea de acción que, de la manera más hábil y discreta posible, haga los mayores estragos en la negación de dinero y suministros a Cuba, en la reducción de salarios reales y monetarios, para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno.”

Poco después, prohibieron las exportaciones hacia la Isla, y en 1963 se completó el cerco comercial, afectando tanto importaciones como exportaciones, incluso mediante terceros países.

El andamiaje de sanciones, recrudecido en las últimas décadas, sobre todo en los gobiernos de Donald Trump, el Presidente más inmoral de la historia de los EE.UU., ha tenido efectos profundos en la vida de los cubanos.

Desde entonces, se impide el acceso de Cuba a financiamientos, medicinas, alimentos, tecnologías, piezas de repuesto, y hasta oxígeno medicinal, cuando nuestro país enfrentó, solo, la pandemia de Covid-19. Como enfermo durante aquellos días, vi de cerca la desesperación de pacientes asfixiándose y del personal de la Salud, impotente ante la muerte cercana.

Es doblemente deshonesto culpar de nuestras desgracias al gobierno cubano por cada escasez, como si el Memorando, el bloqueo, la agresión sostenida, fueran creación literaria, o resultara posible borrar de un plumazo esa política de hostilidad, documentada durante más de seis décadas.

Quienes, dentro o fuera de Cuba, promueven o, incluso, aceptan, una intervención armada de Washington, cuando menos, se han hecho una idea incorrecta de la “democracia” y la “prosperidad” que supuestamente llegarían de la mano de los marines.

No decimos “cree”, decimos “lee”. La historia está ahí, para quienes quieran comprobar: a ciudadanos de países invadidos o bombardeados en nombre de la libertad no les ha alcanzado el tiempo para lamentarlo.

Luego de la destrucción de infraestructuras, del exterminio de personas de todas las edades, de todos los credos, de todas las ideologías (pues la metralla no distingue entre patriotas y proyanquis), sigue la violencia prolongada y el sufrimiento de la población civil.

Desear o admitir que tropas extranjeras decidan el destino de la nación, es renunciar a la soberanía, esa que logró Cuba con el esfuerzo y la vida de generaciones, desde Carlos Manuel de Céspedes.

Si el razonamiento lógico no fuera suficiente, miremos la historia, aunque los centros de poder se empeñan en tergiversarla.

En 2003, Estados Unidos encabezó la invasión a Irak con el argumento de eliminar “armas de destrucción masiva” que nunca aparecieron; la caída del gobierno de Saddam Hussein dio paso a casi una década de ocupación extranjera, guerra civil, colapso de servicios básicos y violencia sectaria.

Diversos estudios calculan que como resultado del conflicto y la ocupación murieron cientos de miles de iraquíes, muchos de ellos civiles; Irak quedó sumido en un escenario de inseguridad, desplazamientos masivos y destrucción de infraestructura, cuyas secuelas persisten hasta hoy.

Irak, en la década de 1980 era un país de ingreso medio-alto, con sistemas de salud, educación y subsidios desarrollados, gracias a la producción de hidrocarburos: 3.5 millones de barriles de petróleo por día.

La invasión desató guerrillas, guerra civil y el colapso estatal; se multiplicaron la corrupción, el desempleo juvenil y la pobreza.

En 2011, la OTAN, liderada por los Estados Unidos, intervino militarmente en Libia, contra el gobierno de Muamar el Gadafi, quien había transformado al país, de una monarquía empobrecida a un Estado con altos índices de desarrollo humano y líder económico y político en África.

Logró mejoras significativas en alfabetización, atención médica gratuita, subsidios básicos y el ambicioso proyecto de infraestructura Gran Río Artificial, la mayor red de riego del mundo, de más de dos mil 800 kilómetros de tuberías (de diámetros de hasta 4 m), mil 300 pozos de hasta 500 metros de profundidad… que costó unos 30 mil millones dólares, financiado íntegramente por Libia, sin deuda externa.

Tras el asesinato de Gadafi, el país se convirtió en un mosaico de milicias armadas, gobiernos rivales, tráfico de personas, fragmentación territorial y sin elecciones.
Pero incluso dentro de su propia jurisdicción, el Gobierno de Estados Unidos ha demostrado un trato desigual hacia poblaciones consideradas periféricas, como la de Puerto Rico, su “Estado Libre Asociado”.

Puerto Rico posee gobierno propio, gobernador electo, Asamblea Legislativa, Constitución local, bandera e himno propios; pero EE.UU. tiene control sobre defensa, moneda (dólar), relaciones exteriores, ciudadanía y comercio interestatal.

Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero sin voto presidencial ni representación plena en el Congreso.

EE.UU., por ley, ante un desastre natural en la isla, debe responder como a cualquier otro de sus estados, pero considera a los puertorriqueños “ciudadanos de segunda”.

El paso del huracán María por Puerto Rico, en 2017, dejó unos tres mil muertos; hoy, nueve años después, persisten daños estructurales y sistémicos; la red eléctrica sigue frágil, con apagones frecuentes, y más de tres mil familias viven en carpas de lona “temporales”, entre muchas otras secuelas.

Aunque el patriotismo debería bastar para unir a los cubanos ante amenazas externas, los ejemplos históricos muestran que una ocupación de EE.UU. empeoraría drásticamente la vida del pueblo.

No es aceptable azuzar a la guerra o a una “democracia” impuesta, cuando el destino de millones está en juego.

La actitud de quienes, de cualquier manera, solicitan o aceptan una intervención militar extranjera en Cuba, no puede presentarse como un ejercicio de “libertad de expresión” desprovisto de consecuencias políticas.

Reclamar que el mismo poder que ha impuesto un bloqueo genocida para “provocar hambre y desesperación”, decida por la fuerza el futuro del país es alinearse con la estrategia de asfixia diseñada contra el pueblo cubano, es aliarse al enemigo.

Y hay maneras diversas de expresar traición y genuflexión, incluso exhibiendo símbolos de la potencia agresora, como la bandera de las 50 estrellas.

El patriotismo no exige silencio ante los errores internos, pero sí demanda que la crítica se haga desde la defensa de la soberanía, de la paz y del derecho de los cubanos a transformar su realidad fieles a la historia de lucha y a los principios de la Revolución, sin bombas ni tutelas foráneas.