“Si no me pagas, te borro de la lista”, escuché decir a un ciudadano de manera descompuesta en la cola del cajero del Paseo de General García, en Bayamo.

Al parecer, el oficio de este individuo, que profería palabras obscenas, es la ilegalidad, una práctica que se ha incorporado a la vida cotidiana del cubano.

 “Es inconcebible cómo los vendedores de turnos hacen sus fechorías delante de los que velan por lo legislado y no pasa nada”, opinó una señora, que no escapó al oído de este reportero, quien,  igual a ella,  llevaba intensas jornadas en el cajero, para extraer en papel moneda los beneficios de su sudor.

Por otro lado, se encuentran los que cobran por cada extracción, que, con tarjeta en mano, no sufren el “placer” de las interminables colas.

Estos profesionales del turno no solo se mueven en  bancos y cadecas, también en los puntos de venta del gas licuado, en las tiendas comerciales en divisas o en las reservación para ómnibus nacionales, por citar ejemplos comunes, donde hemos sido víctimas de estas listas del culto a la ilegalidad.

El problema tiene su origen en la oferta y la demanda, la última es siempre más elevada, y la primera, pasa por no pocos factores externos e internos, causantes de lamentables distorsiones e insipientes figuras delictivas.

Las circunstancias que encabezan este comentario se asocian al déficit de efectivo, imprescindible para la comercialización en el mercado informal y otras formas privadas, dado el desabastecimiento de productos en los establecimientos estatales de Comercio.

A propósito, existen algunos centros de servicios comerciales estatales y particulares, donde el Código QR constituye un objeto decorativo, y en los que es obligatorio el dinero físico, en  esos sitios también  pulula el pago por transferencia a cuentas personales y no a las fiscales.

En este sentido, no queda otra opción que obtener la moneda dura a costa de cualquier sacrificio, aunque el “trago sea amargo”, no solo por la molestia  aparejada de regalar el dinero a quien no lo trabaja, sino, también, por la incomodidad de las discusiones en las que convergen las faltas de respeto y de educación.

Si bien este trabajo de conseguir el dinero fácil no está regulado como una actividad delictiva, sí tiene un carácter contravencional administrativo con sanciones, medidas y procedimientos ante la Ley.

Por incurrir en este acto, la persona puede ser sancionada ante la sala del Tribunal Popular por desobediencia o actividad económica ilícita.

La denuncia oportuna es importante, igualmente el control popular, pero debe existir control sistemático que se gesta desde el aparato legal con toda su estructura, para poner fin, a quienes “desangran el bolsillo”, jugando al mejor apuntador.