Respetando las garantías y los derechos procesales de acusados y víctimas, la sala primera de lo penal del  Tribunal provincial Popular de Granma, efectuó, durante el  segundo ejercicio nacional de enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades, dos juicios ejemplarizantes.

Conforme a la Ley del Proceso Penal y apegado a la Constitución de la República de Cuba, los hechos juzgados guardan relación, el primero, con el tráfico de drogas y portación y tenencia ilegal de armas, y el segundo, por robo con violencia o intimidación en las personas.

Según el resultado de las pruebas practicadas en el acto judicial, el delito relacionado con las drogas ilícitas o sustancias de efectos similares aconteció cuando un joven de 22 años, residente en Bayamo, durante las fiestas populares, efectuadas en el 2024, en esta ciudad, fue detenido por agentes del orden público, portando un machete y 11 envoltorios de picaduras vegetales de marihuana, estos últimos destinados a su comercialización.

El tribunal, después de valorar los medios de pruebas practicados en la vista oral, consideró demostrada la responsabilidad penal del procesado y determinó sancionarlo, teniendo en cuenta la elevada lesividad social de los hechos, la alta incidencia de esta actividad en la provincia y elevado perjuicio, a la salud física y psíquica de las personas; también se valoraron las características personales del reo, imponiéndole una sanción conjunta y única a cumplir de siete años de privación de libertad.

Posteriormente, el otro hecho juzgado por la sala primera del Tribunal Popular de Granma fue la comisión de dos delitos de robo con violencia e intimidación a las personas, uno en grado de tentativa y el otro de carácter consumado.

El incidente ocurrió en el reparto Latinoamericano de Bayamo, cuando en la madrugada, el acusado de 35 años de edad con desordenada conducta social, reincidente en la comisión de hechos delictivos y disfrutando de los beneficios de la libertad condicional, agredió con un cuchillo a dos menores y arrebató a una  de las víctimas un teléfono móvil, poniendo en peligro la vida y la integridad de los jóvenes, mediante la violencia y la amenaza.

El tribunal, ajustado al derecho y en uso de sus facultades, teniendo en cuenta el grado de agresividad de los hechos cometidos por el acusado, impuso la sanción de siete años de privación de libertad por el delito de robo con violencia en grado de tentativa, y 15 años por el mismo delito consumado y como sanción conjunta y única a cumplir la de 18 años de privación de libertad.

A los sancionados en ambos procesos se les impuso las sanciones accesorias de privación de sus derechos públicos; las prohibiciones migratorias y comiso de lo ocupado. También se dispuso la obligación de reparar el daño material por el teléfono no recuperado.

A ambas partes se les concedió la oportunidad de   interponer el correspondiente recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular.