Los hechos políticos y jurídicos trazados en la Asamblea de Guáimaro, entre el 10 y 12 de abril de 1869, hace 156, sentaron las bases para un ordenamiento general del Ejército Libertador cubano y la división de los poderes revolucionarios, con sus principales dirigentes, reconocidos por todas las regiones sublevadas.

En este poblado de la planicie camagüeyana se dieron cita 16 delegados, seleccionados en Oriente, Camagüey, Las Villas y aún de Occidente que todavía no estaba en pie de lucha contra la dominación española.

Las necesidades de la unidad de las fuerzas revolucionarias y el contar con una Constitución de la República en Armas impulsaron la organización del histórico cónclave.

LOS DELEGADOS A LA CONSTITUYENTE

Para el congreso constituyente Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo presentó a los delegados de Oriente: el maestro José María Izaguirre, electo por Jiguaní; Jesús Rodríguez, por Holguín y el maestro Antonio Tomás Alcalá, por Mayarí. La lista de cuatro representantes la completaba el propio Céspedes.

En esta composición se aprecia la ausencia de los principales líderes militares y políticos de la región oriental, donde había estallado el volcán libertario; sólo el general Céspedes formaría parte del cónclave. Sin dudas, era una delegación pobre y débil desde el punto de vista representativo. Los demás componentes, aunque fogueados en la lid, no eran hombres de arraigo civil ni militar.

Cierto, los generales Francisco Vicente Aguilera y Pedro Felipe Figueredo (Perucho) se encontraban allí, pero como simples espectadores del drama que estaba a punto de rodarse.

Por su parte, la delegación de Camagüey estuvo formada por el bachiller Salvador Cisneros, el abogado Ignacio Agramonte, Francisco Sánchez, Miguel Betancourt y el abogado habanero Antonio Zambrana. En tanto, la de Villa Clara la compusieron el periodista Miguel Gerónimo Gutiérrez, el ingeniero civil Eduardo Machado, el médico Antonio Lorda, Tranquilino Valdés y Arcadio García, mientras figuraba por Sancti Spíritus el médico Honorato del Castillo.

Por una de esas argucias políticas la región de mayor población, la oriental, presentó el menor número de delegados, con cuatro. Le seguía Las Villas con seis y Camagüey, la de menor demografía, tendría cinco.

Las Villas, Camagüey y Holguín no efectuaron elecciones para integrar el congreso, sino que sus respectivos comités se arrogaron el derecho de la representación del pueblo. Y esta anomalía electoral la lograron algunos de los hombres que por espacio de cinco meses estuvieron amonestando la imaginaria “dictadura militar” de Céspedes, con los pendones del “democratismo” en alto.

RAZÓN, PATRIOTISMO Y PODER POLÍTICO

¿Esto significa que la posición política de Céspedes estaba disminuida al momento del congreso constituyente? ¿Acaso llegó hasta Guáimaro para simplemente ceder y allanarse ante la posición camagüeyana? La creencia ha sido que tenía un mando debilitado, a consecuencia de la quema de Bayamo, la corta “dictadura” del general Donato del Mármol y la feroz creciente del conde de Valmaseda.

A este respecto deben hacerse algunas provechosas precisiones. La lucha revolucionaria estaba bajo el acoso de la desunión, en un contexto donde cada vez más se hacía más necesario, más útil y más patriótico fomentar el avance de la unificación independentista. La lucha debía tornarse un centro que favoreciera el diálogo transparente y ventajoso, exigía limar los conflictos políticos, cuyas soluciones podían encontrarse en un debate franco y directo de todos y en la elaboración de la Constitución política.

Mejor que nadie Céspedes había comprendido que había llegado la hora de responder a los desafíos de la contienda, dejando a un lado los mandos particulares y desplegar el ejercicio del gobierno general revolucionario.

Por tanto, acudió al pacto de Guáimaro despojado de toda reserva, más bien alimentado de las ansias de encontrar debates y propuestas saludables. Quería escuchar el pensamiento de todas las regiones sublevadas, estimular el debate creador y objetivo, la crítica positiva y desafiar a los de opiniones diferentes. Ahora el problema no era de fusiles y balas, sino de tomar conciencia de la integración de las fuerzas anticolonialistas.

Lógicamente, la presidencia de la constituyente recayó en Carlos Manuel de Céspedes y los secretarios fueron Ignacio Agramonte y Antonio Zambrana.

El prócer bayamés en un breve discurso inaugural explicó los objetivos del congreso, es decir, la discusión de una constitución política con carácter provisional mientras durara la guerra. Seguidamente dio la palabra al secretario Antonio Zambrana para que diera lectura a las disposiciones legislativas y luego proceder al debate.

MANDATOS CONSTITUCIONALES

El código fundamental recogía los asuntos más decisivos, urgentes y generales de la contienda independentista. En primer lugar, legitimó el régimen republicano nacido del grito de La Demajagua, con normas más específicas para la forja de un Estado democrático y laico. En segundo lugar, instrumentó la división de los poderes más liberales: el legislativo, asumido por la Cámara de Representantes; el ejecutivo, ejercido por el Presidente de la República; y el poder judicial, el cual, por el momento, residió en las cortes marciales.

En tercer lugar, estipuló la separación del mando militar, con la creación del cargo de General en Jefe del Ejército Libertador. En cuarto lugar, la Cámara de Representantes recibió amplias facultades como las de nombrar y destituir al Presidente de la República y al General en Jefe, entre otros funcionarios que nombraba y ratificar sus medidas.

En quinto lugar, por el artículo 24 establecía una premisa vital: todos los habitantes de la República de Cuba eran enteramente libres. Este constituía un golpe demoledor a la inhumana institución esclavista.

Asimismo, otros artículos trazaban que el puesto de representante era incompatible con todos los demás de la República; el ingreso de todos los ciudadanos en el Ejército Libertador; la República no reconocía dignidades, honores especiales ni privilegios algunos; la Cámara no podría atacar las libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, enseñanza y petición ni derecho algo inalienable del pueblo; y que la bandera nacional sería la alzada en Cárdenas en 1850, mientras la gloriosa bandera de La Demajagua presidirá las sesiones del congreso, como una parte del tesoro de la República.

A pesar de configurar un aparato civil inadecuado a las circunstancias de lucha armada contra la dictadura española, los acuerdos tomados resultaban, en aquellas complejas condiciones de abril de 1869, la solución más apremiante a las complejidades organizativas del campo insurrecto.

De lo estatuido en la Constitución de Guáimaro se derivaron, entre abril y julio de 1869, otras normas jurídicas como las leyes de Matrimonio Civil, Organización militar, Instrucción pública,  Organización judicial, Organización administrativa y Cargas públicas.

De igual modo, en el ambiente pluriclasista y ampliamente politizado de Guáimaro, la patriota camagüeyana Ana Betancourt pudo alzar la voz para reclamar que junto con la emancipación nacional se produjera la emancipación de la mujer y, el consiguiente, reconocimiento a sus derechos.

Vale aclarar que el hecho ocurrió el 14 de abril, durante un mitin, ya fuera de los marcos de los debates constitucionales. Por suerte, se conserva el acta de la Asamblea de Guáimaro, con cada una de las principales intervenciones de sus delegados, y es una falsedad histórica decir que Ignacio Agramante, a petición de Ana Betancourt, pidió un acuerdo al respecto. Tampoco podía hacerlo a título personal por no ser delegada a dicha asamblea.

El hecho se inscribe dentro de los grandes sucesos del movimiento independentista de América Latina, al ser la primera vez en que una patriota pidiera la emancipación de las mujeres. En lucha abierta contra las ataduras impuestas por la tradición patriarcal, la cubana denunció las ataduras al espacio doméstico, sin otro horizonte que la reproducción, el cuidado del cónyuge y de los hijos.

LEGADO DE GUÁIMARO

En los arduos debates de Guáimaro nació la República de Cuba como entidad jurídica para la garantía del pueblo desde el punto de vista interno y del prestigio y reconocimiento del movimiento emancipador ante todos los pueblos civilizados y sensibles del mundo.

De principio a fin el congreso estuvo dominado por una intelectualidad revolucionaria deseosa de establecer un sistema parlamentario de carácter democrático, el sufragio universal y plasmar los derechos inalienables de los ciudadanos en todos los órdenes y la abolición de la esclavitud.

Aunque ya Carlos Manuel de Céspedes había redactado algunas normas jurídicas de carácter transitorio, la Constitución de Guáimaro vino a consolidar el Estado nacional, al ser obra de los “representantes del pueblo libre de Cuba”.

Los logros democráticos de Guáimaro, José Martí los juzgó con palabras gloriosas, al decir que en el código podía “haber una forma que sobre, pero donde no hay una libertad que falte”.

A estas subjetividades se le ha llamado “idealismo doctrinario” e “iluso doctrinarismo”, con el objetivo de demostrar la inoperancia práctica de algunos de esos principios en el marco de la guerra hispano-cubana.

A pesar de todo ello, la asamblea de Guáimaro fue el punto de partida de una serie de transformaciones política y administrativa de espíritu democrático en el seno de la Revolución. En ella se consolidaron la unidad, el patriotismo y los principios rectores por la independencia y la soberanía nacional cubana

FUENTES: Néstor Carbonell Rivero Emeterio Santovenia: Guáimaro, 10 de abril de 1869-10 de abril de 1919. Reseña histórica de la primera asamblea constituyente (1919); Eugenio Betancourt Agramonte: Ignacio Agramonte y la Revolución cubana (1928); Vidal Morales Morales: Hombres del 68. Rafael Morales y González (1972); Carlos Manuel de Céspedes: Escritos (1982); y Andry Matilla y Carlos Manuel Villabella (comp.): Guáimaro. Alborada en la historia constitucional de Cuba (2009).