El sector del petróleo y el gas se ha erigido como uno de los principales actores en el impulso que llevó a Donald Trump a un segundo mandato presidencial en Estados Unidos. Grupos empresariales de esta industria inyectaron aproximadamente 26 millones de dólares directamente a la campaña del candidato republicano, y continuaron realizando contribuciones significativas para financiar el proceso de transición y su investidura.
Además de los 26 millones reportados formalmente a la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés) durante la campaña, una vez obtenida la victoria electoral, las grandes compañías petroleras del país desembolsaron millones de dólares adicionales de cara a la ceremonia de investidura del magnate.
En esta etapa, las donaciones no tienen límite y suelen utilizarse para financiar reuniones y eventos que permiten un mayor acercamiento con el presidente electo.
En total, las grandes multinacionales petroleras aportaron 6 millones de dólares tras la elección de Trump, mientras que otros “productores independientes” de Texas y empresas consideradas de menor tamaño sumaron 2.1 millones de dólares adicionales, según muestran las bases de datos compiladas por Open Secrets.
Chevron, la segunda petrolera más grande de Estados Unidos y la única de ese país que mantuvo operaciones abiertas en Venezuela después de las modificaciones en el sector realizadas por el expresidente Hugo Chávez, fue la que más recursos destinó para las actividades de investidura del republicano, con una contribución de 2 millones de dólares.
En un nivel similar se encuentran ExxonMobil, Occidental Petroleum Corporation y ConocoPhillips Company, cada una de las cuales aportó un millón de dólares; mientras que BP Company North America y Shell USA contribuyeron con 500 mil dólares cada una. Cabe señalar que ExxonMobil y ConocoPhillips Company abandonaron sus operaciones en Venezuela como resultado de los cambios regulatorios en el sector petrolero, optando por denunciar al Estado venezolano en procesos de arbitraje internacional en lugar de adaptarse a la nueva normativa.
Estas cifras reflejan solo las contribuciones directas de las grandes multinacionales. Paralelamente, el Instituto Americano del Petróleo, la mayor asociación de la industria del petróleo y gas en EE.UU., a través de su Comité de Acción Política, inyectó 500 mil dólares para financiar eventos y reuniones con el entonces presidente electo, Donald Trump.
Otras empresas identificadas fuera del grupo de las grandes trasnacionales también realizaron aportes: Range Resources Corporation and Subsidaries aportó 50 mil dólares, Oil Search donó otros 50 mil, y Valero Services transfirió 250 mil dólares adicionales.
Como donantes vinculados al sector energético en esta etapa final también se encuentran Jeffery y Melinda Hildebrand de Hilcorp Energy, con una contribución de un millón de dólares, y Carol Adams con 250 mil dólares, todos procedentes de la industria petrolera de Texas.
El “rey buitre” sobre el petróleo de Venezuela
Al margen de los empresarios identificados directamente como del sector petrolero, destaca la figura de Paul Singer, quien se convirtió en la cara más visible de los fondos buitre que asfixiaron a Argentina tras el default de su deuda soberana en 2001, esperando hasta quince años para cobrar con creces la compra de los bonos argentinos.
Singer no solo se cuenta entre los principales donantes de Trump –aportó un millón de dólares solo para las actividades de investidura–, sino que también habría donado hasta 5 millones más durante la campaña, según los reportes consignados ante la FEC.
A través de Elliott Investment Management, un fondo de inversión que administra más de 70 mil millones de dólares, este “rey de los fondos buitre” se hizo con el control de Citgo, la principal filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). En noviembre, el juez del Tribunal de Distrito de Delaware, Leonard P. Stark, autorizó la venta de acciones de PDV Holding, matriz de Citgo, a Amber Energy, filial de Elliott Investment Management.
La oferta, valorada en 5 900 millones de dólares, aún debe ser aprobada por reguladores y agencias estadounidenses, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, debido a las sanciones financieras que varias administraciones de EE.UU. han impuesto sobre Venezuela y sus empresas estatales.
(Con información de La Jornada)