En declaraciones a Prensa Latina afirmó que la política estadounidense convierte en rehenes a los pueblos, los mata de hambre y juega con la salud de su gente si los gobiernos no siguen sus lineamientos, lo cual es contrario al derecho internacional y al humanismo.

Por ello, Panamá debería ser claro al no alinearse a esas posiciones, porque cometeríamos un error si la política exterior del país fuera en esa dirección, ya que nos debilitamos nosotros también, apuntó.

No debemos permitir que aumente la presión sobre una nación con la fuerza que ha tenido Cuba para resistir todo eso, aseveró el académico, quien fue categórico al expresar que todos los países tienen el derecho de escoger el camino que su población desea seguir.

Precisó que los imperios actúan así, amenazando, presionando, por lo que la posición de los sectores sociales panameños debe ser de solidaridad.

Jované consideró que las relaciones entre Cuba y Panamá durante el gobierno de Juan Carlos Varela marcharon bien, pero ‘con Venezuela nos equivocamos, porque abandonamos la posición de neutralidad y nos movimos hacia una posición de aliados de Estados Unidos’, decisión que calificó de mala, pues cada pueblo escoge su propio rumbo.

‘Aquí se habla mucho de democracia, pero valdría la pena preguntarse si realmente votan los ciudadanos o el dinero, porque para crear cualquier partido se necesita mucho dinero, mientras que las elecciones se ganan con campañas y clientelismo que cuesta mucho dinero’, expresó en referencia a los recientes comicios generales.

Y subrayó: ‘Los problemas del país solo se resolverán en la medida que los sectores sociales y populares entiendan la necesidad de unirse y de profundizar la conciencia’.

La ley Helms-Burton codifica legalmente el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington mantiene contra La Habana desde 1962, mientras la activación del título III facilita demandar en cortes estadounidenses a personas de terceros países que inviertan en propiedades nacionalizadas en Cuba, tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

Los predecesores de Donald Trump desde William Clinton (1993-2001), quien firmó el decreto en 1996, evitaron su puesta en práctica con suspensiones que se prorrogaban cada seis meses, debido a los perjuicios que también ocasionaría a Estados Unidos y a sus aliados, entre ellos la Unión Europea y Canadá.