El ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, presentó este jueves ante el plenario de la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de Ley del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas, con el objetivo de actualizar el marco jurídico vigente, caracterizado por su dispersión normativa.

Silvera Martínez inició su intervención recordando los antecedentes de la legislación contravencional en Cuba. Tradicionalmente, las contravenciones se resolvían en el ámbito judicial bajo el Código de Defensa Social de 1936.

Sin embargo, durante el proceso de institucionalización de los años 70, se promulgó el Código Penal (Ley 21 de 1979) y se estableció el tratamiento administrativo mediante el Decreto-Ley 27 de ese mismo año, seguido del Decreto-Ley 80 de 1984, que introdujo un sistema más ágil y permitió exigir responsabilidad a las personas jurídicas.

Posteriormente, en 1987, se dictó el Decreto-Ley 99 “De las Contravenciones Personales”, vigente hasta hoy, que estableció un procedimiento general y facultó al Consejo de Ministros para definir las conductas contravencionales.

No obstante, durante los años 90, la proliferación de normativas en distintas materias generó inconsistencias, contradicciones y dispersión legislativa, lo que dificultó su aplicación y el conocimiento ciudadano. Además, algunas conductas están tipificadas simultáneamente como delitos y contravenciones, lo que afecta la coherencia del ordenamiento jurídico.

El nuevo proyecto busca unificar y modernizar el sistema contravencional bajo una norma de rango superior, garantizando uniformidad, mayor claridad y seguridad jurídica. También sienta las bases para un futuro Código de Contravenciones, a partir de la experiencia recogida en este proceso de perfeccionamiento.

Respecto a las sanciones, la multa es la medida más frecuente, gestionada a través de las Oficinas para el Control y Cobro de Multas, dependientes de las Direcciones Municipales de Finanzas y Precios, excepto en los casos del sector bancario, la ONAT y la Aduana, que cuentan con sus propios sistemas.

El ministro destacó que no se identifican riesgos en la implementación de esta ley, la cual fortalecerá la coherencia del sistema y facilitará su comprensión por parte de la población y las autoridades. La iniciativa representa un paso clave en la consolidación del Derecho administrativo sancionador en Cuba.

Posteriormente, José Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular presentó el dictamen del proyecto de Ley, que fue aprobada por los diputados.