Quito, – Más de 70 organizaciones sociales de Ecuador se sumaron a un pronunciamiento del movimiento feminista que denuncia retrocesos ante la fusión de ministerios, y anunciaron que hoy saldrán a las calles “contra el ajuste”.

Los colectivos alertaron que el país vive un proceso deliberado de desmantelamiento institucional, amparado en un discurso de eficiencia y orientado por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entre las principales preocupaciones están la eliminación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y la Secretaría Técnica de Desnutrición Infantil.

Denuncian que estas decisiones, en un país donde una mujer es asesinada cada 21 horas y más del 27 por ciento de niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica, evidencian un abandono institucional de los sectores más vulnerables.

El documento también critica los despidos masivos en áreas sensibles como salud, educación y cuidado comunitario, el aumento de la edad para la jubilación, la reducción de beneficios y los recortes al Seguro Social Campesino, que protege a miles de personas mayores y trabajadoras rurales.

Las organizaciones rechazan además la fusión del Ministerio de Ambiente con el de Energía y Minas, lo cual, afirman, pone la fiscalización ambiental en manos del extractivismo y amenaza a las comunidades que defienden sus territorios, ahora militarizados para proteger intereses empresariales.

Exigen la restitución inmediata de las instituciones eliminadas, la suspensión de despidos, el archivo de reformas al sistema de pensiones y la publicación del acuerdo con el FMI.

Reclaman una evaluación urgente del impacto en derechos humanos y garantías para el ejercicio del derecho a la protesta y a la organización en los territorios.

En ese contexto, anunciaron que se declaran en resistencia e informaron que este lunes en la tarde realizarán un plantón en Quito, en los exteriores del ahora eliminado Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

«El ajuste no lo vamos a pagar las mujeres ni los pueblos», concluyen.

La semana pasada, Carolina Jaramillo, vocera presidencial, anunció la reestructuración gubernamental, con una reducción de ministerios y con despidos de cinco mil funcionarios públicos que responden a una depuración bajo el argumento de que “obstruían” el trabajo en sus instituciones.

Artistas, indígenas, sindicalistas, políticos y diversos sectores de la sociedad ecuatoriana rechazaron el plan de eficiencia administrativa del gobierno de Daniel Noboa.