Naciones Unidas (Prensa Latina) El reclamo por el fin del bloqueo a Cuba confirmó nuevamente este 2024 la postura abrumadora de la comunidad internacional tras la votación en la ONU por trigésima segunda ocasión de una resolución para exigir su final.
La Asamblea General acogió a finales de octubre el histórico momento en que 187 países reafirmaron la necesidad de cesar el cerco y terminar con esas prácticas entre naciones.
Con dos votos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia), el resultado ratificó el aislamiento de la nación norteña en su política contra La Habana, calificada en estos espacios como obsoleta y sinsentido.
La resolución llamó a los estados a abstenerse de promulgar y aplicar leyes y medidas coercitivas, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, que, entre otras cosas, reafirman la libertad de comercio y navegación.
Para el canciller cubano, Bruno Rodríguez, el fin de esa política de más de seis décadas no representaría una concesión a la isla, sino el cese del abuso y la injusticia.
Al intervenir ante el foro de 193 miembros, el ministro calificó al bloqueo como un mensaje de escarmiento que busca frenar el futuro de la isla y de toda nación que se atreva a defender con firmeza su soberanía.
Rodríguez rechazó “el empeño deliberado de los Estados Unidos en asfixiar la economía nacional, sabotear y poner obstáculos significativos para impedir nuestro crecimiento y desarrollo”.
El informe presentado por Cuba estimó pérdidas por valor de cinco mil 56,8 millones de dólares entre marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, lo que representa un incremento de 189,8 millones con respecto al reporte anterior.
El conjunto de medidas provocó una afectación aproximada mensual de más de 421 millones de dólares, más de 13,8 millones diarios, y más de 575 mil 683 en daños por cada hora.
DÉCADAS DE MÁXIMA PRESIÓN
El reporte presentado antes de la trigésimo segunda votación consideró al bloqueo como la piedra angular de la política de máxima presión contra la isla caribeña.
La prolongación de las medidas unilaterales de mayor impacto sobre el pueblo y la economía continúan reproduciendo y agravando los efectos devastadores del cerco, el más prolongado y abarcador de la historia, detalló el texto.
Esa política se mantiene con el objetivo histórico de deprimir la economía y los salarios, crear carencias materiales y daños a los servicios públicos, provocar insatisfacción y desesperación en la población y subvertir el orden constitucional establecido.
“El bloqueo es un crimen contra la humanidad, un acto de genocidio y una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de más de 11 millones de cubanos. Es una cruel política de castigo”, reconoció además el documento.
Para el canciller cubano, nadie puede dudar de la capacidad que tiene la nación norteña para golpear con fuerza demoledora la economía de cualquier otro país.
Sus esfuerzos, agregó, violan la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional con tan despiadada agresión.
El ministro cubano aseguró que el Gobierno de Estados Unidos es consciente de sus incumplimientos de esas leyes internacionales así como de los convenios de comercio y la navegación.
No obstante, mantiene la aplicación o amenazas con medidas coercitivas a ciudadanos de cualquier nación, sus empresas e instituciones financieras, si comercian o mantienen relaciones económicas con Cuba.
“Quien lea la infame Ley Helms-Burton de los Estados Unidos, comprobará cómo esa legislación obliga al presidente y a sus instituciones de gobierno, a ejercer presión sobre otros países, a inmiscuirse en su relación con Cuba”, afirmó.
De acuerdo con Rodríguez, el cerco es una guerra económica, financiera y comercial y califica como un crimen de genocidio.
“Es una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de nuestro pueblo. Es el sistema de medidas coercitivas unilaterales más abarcador, integral y prolongado que se ha aplicado a lo largo de la historia contra país alguno”, denunció.
ONU: CONTRADICCIONES EN UNA POLÍTICA SOSTENIDA
Al igual que la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, las Naciones Unidas defienden la necesidad de terminar con el amplio alcance de las medidas de Washington contra Cuba.
Así lo confirmó en entrevista con Prensa Latina, el coordinador residente del organismo en el país caribeño, Francisco Pichón, quien consideró injusta esa política, recrudecida con la clasificación como patrocinador del terrorismo por el departamento de Estado norteamericano.
Ese cerco por un lado restringe la financiación, mientras que por otra obstaculiza el acceso a ciertas plataformas de proveedores basados en Estados Unidos para operaciones como comprar bienes o equipos, y en su traslado a través de navieras, detalló el diplomático.
“En todos los casos, esto implica un aumento para los costos aún bajo condiciones de respuesta a una emergencia”, insistió.
A juicio de Pichón, la política hostil contra Cuba contrasta con el hecho de que el país es un abanderado de la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y la cooperación entre el Sur Global.
“Además, Cuba con sus propias inversiones en ciencia y tecnología, ha generado bienes públicos para el resto de la humanidad e invierte en la formación de médicos de todas partes del mundo”.
Por su parte, el portavoz del secretario general del organismo (António Guterres), Stéphane Dujarric, consideró contradictoria la permanencia de la isla en el listado norteamericano, en particular por su participación en procesos de mediación como los de la paz en Colombia.
En respuesta una pregunta de esta agencia, el vocero saludó los esfuerzos del pequeño país insular con actores políticos colombianos que determinaron la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
“Ese no es el tipo de comportamiento que uno esperaría de países acusados de ser patrocinadores del terrorismo”, dijo.
La continuidad del país antillano en esa lista es considerada también injusta por gobiernos y agrupaciones incluso dentro de Naciones Unidas.
Hasta la fecha, 32 resoluciones fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento a la necesidad de poner fin al bloqueo contra Cuba y en rechazo al impacto de esa política en los cubanos.
La propia Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU publicó este año un documento que demuestra cómo las sanciones unilaterales coercitivas impiden el goce de los derechos para la alimentación, la educación, la salud o el desarrollo.