Barcos, yutones, estrellas, carruseles, caballitos, bicicletas, castillos inflables… entre otros aparatos de recreación infantil vuelan y desandan por las calles y espacio aéreo de la ciudad de Bayamo, que con motivo del carnaval llegan cada convite desde varias provincias de Cuba.
A simple vista podía apreciarse la creatividad de sus fabricantes, quienes echando a volar su imaginación ponen un tornillo aquí y una tuerca allá para unir mediante soldaduras, cabillas y piezas de hierro de diferente grosor y tamaño.
La verdad es que nunca me he subido a uno de esos artefactos, un poco por las nauseas que me provocan desde niña y otro tanto por el peligro que advierto en las piruetas y volteretas que dan los aventureros que montan en ellos.
Preocupada por la seguridad de los inocentes pequeñines indagué sobre el mecanismo para el otorgamiento de las licencias a esos operadores por cuenta propia.
En la Dirección municipal de Trabajo y Seguridad Social me informaron de la existencia de una comisión integrada por una especialista de ese organismo, un bombero y un ingeniero mecánico, máximos responsables de certificar el buen estado técnico de los andamios y autorizar su funcionamiento.
Sentí un alivio inmenso al comprobar que estatalmente, en la urbe granmense, hay personas encargadas de velar por el disfrute pleno de niñas, niños y la población en general, pues la comisión designada para esa actividad estipula que los equipos solo pueden ser manipulados por los dueños, elemento que no siempre ocurre así. También hace énfasis en que la distancia entre uno y otro debe ser de dos metros como mínimos.
Además, conocí que en el área donde estén instalados la montaña rusa y los avioncitos, por ejemplo, no puede haber derrame de líquidos, grasas u otros componentes que ocasionen accidentes; y se prohíbe la ingestión de bebidas alcohólicas.
Antes de comenzar los festejos populares y durante su desarrollo los miembros de la comisión revisan minuciosamente todos los equipos, buscando que no haya ningún objeto filoso que pueda lesionar o herir a quienes se suben en esos artefactos.
Las escaleras deben tener las condiciones de seguridad necesarias para que los infantes suban, como esos aparatos no son confeccionados de manera industrial, hay que aumentar la exigencia a sus propietarios.
Si alguno de los responsables viola lo relacionado a los medios de fijación, las soldaduras y el límite de movimientos que debe tener el equipo no le otorgan la licencia, para alivio de los padres que ponen la vida de sus vástagos en mano de un extraño.
Como documento legal, en caso de cometerse alguna infracción, el decreto 241, en su artículo 6 establece que quien contravenga la política de incendio será notificado, de acuerdo a la gravedad del asunto.
No se trata de poner el aparato en el primer espacio vacío que haya en el área de carnaval, hay que prever las medidas necesarias; con respecto a la electricidad los bajantes han de ubicarse a una altura superior a los dos metros, comprobamos que cada equipo tenga un desconectivo eléctrico independiente, que los conductores sean del cable idóneo y que los empalmes estén protegidos, para que no ocurra un incendio.
Todo cuanto se haga por parte del Estado para que los niños se diviertan es importante y válido de reconocer, pero ¿Quién regula los precios? Más elevados, por cierto, que la propia estrella. ¿Por qué los dueños se escudan en la oferta y la demanda, y en los impuestos que deben pagar para encarecer el acceso de los infantes a este tipo de instrumentos?
Aunque en algunas esferas de la vida cubana rige la oferta y la demanda, debería existir una cuota mínima a pagar para que los pequeños monten en los referidos equipos, según la función que realicen porque lo cierto es que tal incremento de los precios a los equipos de diversiones infantiles, del sector privado genera descontento en la población.
El criterio de los progenitores versa en que un peso porque su hijo se pase un minuto saltando en un muñeco inflable, es ridículo. En el área del Way, en la capital granmense, por ejemplo, la mayoría de esos aparatos cuesten cinco pesos, y nadie haga nada como refiere la mamá Suleidy Castillo Guerra.
“El año pasado costaban dos pesos, ahora llegan hasta cinco y ojalá el carnaval que viene no sigan en ascenso porque nosotros los trabajadores no podemos pagarlo y si en vez de un hijo tenemos más, es insostenible”.
No se trata de eliminar dicha iniciativa, que contribuye, sin dudas, al esparcimiento de todos los miembros de la familia, sino de fortalecer los mecanismos de control, en aras de que el disfrute no cueste caro.