Una breve nota que publiqué esta semana en Facebook, a propósito del galopante precio de una de las bebidas más populares de Cuba —el guarapo—, no pretendía solo llamar a la reflexión sobre un jugo que ha sido tradicional, pero va tomando aires de artículo de lujo.

El fin era, sobre todo, incitar al análisis de cuanto no está bien en relación con los precios y, al mismo tiempo, llamar la atención sobre algo esencial: la “dichosa” inflación no es una enfermedad incurable. Se trata del aumento general y sostenido de los precios de bienes y servicios, de manera que, con la misma cantidad de dinero, se puede comprar menos. Es decir, disminuye el poder adquisitivo.

Sus principales causas se explican en tres bloques: exceso de demanda, aumento de los costos de producción y expansión de la cantidad de dinero en circulación. Pero el fenómeno se agrava como consecuencia de erróneas decisiones, inadecuada aplicación de modelos de gestión y la atractiva zanahoria de ganar sin producir.

En nuestra realidad, son muchos los ejemplos de entidades estatales que antes producían o prestaban servicios y ahora arriendan sus locales para funciones distintas, como almacenes o espacios de comercialización de productos comprados ya hechos. Estos exproductores han preferido ganar sin elaborar nada, ni siquiera artículos alternativos análogos.

Piénsese, por ejemplo, en un sitio donde antes se fabricaran bloques para paredes y que hoy solo se rente como almacén, en lugar de hacer ladrillos de barro, con uso similar y de gran demanda. No se trata de una “alternativa técnica”, sino de un daño a la producción real, con el añadido de que el precio de lo que se vende está varias veces por encima del costo, con efecto negativo doble en el bolsillo de los ciudadanos.

Antes, el Estado tenía una oferta de alimentos a precios razonables, que era referencia, contrapeso, freno a quienes pretendieran vender más caro. Eso se ha ido perdiendo en la medida en que muchos establecimientos pasan a control no estatal y a precios realmente sin control.

Además, los altos y crecientes precios de los alimentos no se deben solo a su escasez, sino también a la falta de diversidad de oferta en general. Si se ampliara la producción de otros bienes y servicios, el dinero circularía en más canales y la presión sobre determinados productos tendería a bajar.

Por ejemplo, si se impulsara la producción de materiales de construcción de bajo costo —ladrillos de barro; áridos obtenidos de triturar piedras de potrero o escombros; cemento romano mediante la mezcla de cal con zeolita o con ceniza de bagazo; tableros de bambú para paredes, techos, muebles y otros usos—, se activaría una cadena productiva que absorbería demanda y reduciría presiones inflacionarias.

Si se aprovecharan plenamente las capacidades de embalse de agua y de producción de alevines para potenciar la acuicultura, y luego se multiplicara la pesca estatal o verdaderamente controlada, se mejoraría la oferta de proteínas y se recortarían los precios derivados de la dependencia de la importación o de las cadenas de intermediarios.

Si se extendiera la cría de ganado menor, noble y poco exigente —como conejos y carneros—, se diversificaría la producción pecuaria sin grandes inversiones, se abarataría la carne y se fortalecería la seguridad alimentaria.

Para que lo dicho no quede en deseos, es imprescindible acompañarlo de medidas severas, partiendo de la exigencia de que los precios tengan base en reales fichas de costo. Conocer a qué precio los mayoristas no estatales compran en Mariel, por ejemplo, es una ventaja para impedir que el consumidor final adquiera productos a varios múltiplos del costo inicial.

Se requiere, además, un programa meditado y altamente integrado, con tareas numéricas, específicas, controlables, desde el barrio, desde la comunidad, desde el municipio; aprovechando las potencialidades de cada lugar y sometido a chequeos periódicos y exigentes.

Es hora de que sea cierta la puesta en marcha de áreas de autoabastecimiento agropecuario para las entidades y las comunidades, y de que se fortalezcan los comedores obreros en vez de cerrarlos. Los trabajadores de cada lugar deben aportar a esas parcelas y adquirir alimentos para sus casas.

El sistema de gastronomía estatal debería vincularse de forma mucho más estrecha con entidades agropecuarias e industriales específicas —incluidas las propias—, sin despreciar la posibilidad de asociaciones o encadenamientos con las mencionadas áreas de autoabastecimiento.

Impedir que se pierda parte de las cosechas de frutas, como el mango, no debe esperar a que nazca la “gran” industria de conservas. Los agricultores y las entidades locales cercanas al surco deberían hacer pequeñas fábricas rústicas, pero efectivas.

Los tan mencionados encadenamientos deben ganar protagonismo entre entidades estatales, las cuales pueden abastecer y operar restaurantes, fondas y cafeterías con precios justos.

La inflación no es un fenómeno mágico ni inevitable: tiene mucha relación con decisiones, formas de gestión y modelos de propiedad. Tiene que ver con el desorden, el acomodamiento y la inercia de muchas instituciones. Combatirla exige recuperar la producción real, fortalecer los contrapesos estatales de precios, impulsar el autoabastecimiento y la participación popular, y exigir que cada precio parta de tener en cuenta los costos verdaderos, pensando en el pueblo, para quien se hizo la Revolución.