Defender y practicar, individual y colectivamente, los valores institucionales de supremacía constitucional, legalidad, sentido de lo justo, independencia, imparcialidad, transparencia, honestidad, humanidad y patriotismo continuará siendo, en el presente y en los venideros años, premisas y el aporte a la consolidación de Cuba como Estado socialista de derecho y justicia social, definido en nuestra Carta Magna.

Así expresó Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, en el acto de apertura del año judicial 2023 que contó con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Remigio Ferro destacó que como resultado del empeño y la dedicación de magistrados, jueces, secretarios judiciales y el resto de los trabajadores de estos órganos; junto a fiscales, abogados, instructores, investigadores policiales, los tribunales de justicia, sumando todas sus instituciones y órganos debieron tramitar y resolver un total de 89 406 asuntos y de ellos, procesaron y concluyeron 76 468, lo que equivale al 85,5 %.

A la vez, en el mismo periodo, se debió dar cumplimiento a 49 389 sentencias firmes y de ellas, se lograron ejecutar 45 334 para un 91 %.

«Las cifras referidas constituyen un resultado meritorio y reflejan que, aún en las difíciles circunstancias, la administración de justicia en el país marchó a un ritmo adecuado a diferencia de lo que acontece en no pocos lugares del mundo», refirió el presidente del TSP.

No obstante, al cerrar el año, por diversas razones, permanecían 539 asuntos con retraso en su tramitación y existían demoras en el cumplimiento de 400 sentencias, cuestión a la que se dedicará mayor atención por los efectos negativos que determina para la eficacia de la justicia judicial.

Remigio Ferro resaltó que en el año que recién terminó, la labor de los órganos estuvo igualmente marcada por los esfuerzos para implementar, de manera consecuente, los cambios introducidos con respecto al ejercicio de la función de impartir justicia a partir de la reforma procesal y judicial derivada de la aprobación de las nuevas leyes que, por mandato de la Constitución, fueron aprobadas para este ámbito por la Asamblea Nacional entre finales de 2021 y principios de 2022.

En el presente 2023, el quehacer de magistrados, jueces y personal judicial deberá continuar enfocado, como objetivo primordial, en consolidar el conocimiento y dominio del contenido de esas nuevas normas y garantizar y asegurar, en la práctica cotidiana, el estricto cumplimiento de lo que en ellas se dispone.

Si el año 2022 se caracterizó por el cambio estremecedor y sustancial de la base normativa que regula la organización y funcionamiento de los tribunales y los necesarios aprendizajes sobre el manejo de las novedades introducidas, el año 2023 se presenta como el periodo en que tendremos que fortalecer y consolidar la destreza y las habilidades para ser consecuentes aplicadores de esos nuevos contenidos, precisó.

En el acto también estuvieron presentes el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del PCC; Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República; Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, entre otros invitados.

La justicia judicial, expresión de la justicia social, se imparte en nombre del pueblo y es asumida por los magistrados, jueces y demás trabajadores de los tribunales del país con una alta responsabilidad a la que solo se puede corresponder desde el cumplimiento efectivo de la misión encomendada como servidores públicos.

El inicio del año judicial es un espacio para abordar los principales resultados de la actividad judicial en la etapa que concluye y las proyecciones de trabajo para el que comienza.

A la vez, constituye el compromiso de actuar en correspondencia con los valores y principios que nos definen como sociedad, ser cada vez más justos, apegados a la Constitución y las leyes, y cumplir lo que concierne con mayor eficiencia y eficacia para garantizar que el servicio público que se ofrece satisfaga las expectativas y necesidades del pueblo, en nombre del cual se imparte justicia.