La Paz, -El Presupuesto General del Estado (PGE) boliviano para 2025 entró en vigencia hoy, tras 60 días sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), según establece la Constitución Política del país
La normativa publicada en la Gaceta Oficial, explica que “en el marco del numeral 11 del parágrafo I del artículo 158 y del II del artículo 164 de la Constitución Política del Estado, entra en vigencia a partir de su publicación”.
Según el texto presupuestario, se prevé una inversión pública de cuatro mil 24 millones de dólares; un crecimiento de 3,51 por ciento; una tasa de inflación de 7,5 puntos porcentuales; un precio promedio del barril de petróleo de 75,3 dólares y el mantenimiento de la subvención a los carburantes.
Añade el documento que el presupuesto total agregado totaliza 369 mil 341 millones de bolivianos (52 mil 763 millones de dólares), mientras que el consolidado es de 42 mil 366 millones de dólares, o sea, un incremento respecto a 2024 de 8,5 por ciento y de 11,7 puntos.
Del presupuesto consolidado de gasto, el 58,8 por ciento corresponde a erogaciones corrientes, el 17,2 por ciento a gastos de capital y 24 puntos porcentuales a uso de fondos.
Para la subvención a los carburantes, insumos y aditivos, se asignan dos mil 165 millones de dólares), y para los alimentos (trigo, maíz y arroz) 107 millones.
El proyecto del PGE 2025 fue remitido a la ALP el 30 de octubre y la nueva directiva de la Cámara de Diputados la recibió el 11 de noviembre.
La Comisión de Planificación de Diputados aprobó el proyecto con modificaciones y lo remitió al pleno para su tratamiento, pero este no ocurrió debido al receso legislativo de fin de año determinado por el presidente de la ALP, David Choquehuanca.
De esa forma, la aprobación del PGE ocurrió en un escenario similar al que se presentó en 2023, cuando el PGE 2024 entró en vigencia el 1 de enero de 2024 por fuerza de ley.
Según las autoridades bolivianas, el PGE 2025 persigue los grandes objetivos de garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones mediante el desarrollo de plantas industriales.
Aspira también a potenciar los sectores minero e hidrocarburífero con inversiones estratégicas y de desarrollo tecnológico.
Otros objetivos del PGE 2025 son priorizar recursos para la subvención a los alimentos esenciales y a los hidrocarburos, y continuar con la implementación de políticas sociales que promuevan equidad en la distribución de los ingresos, la reducción de la desigualdad y la disminución de la pobreza.