Asegurar la protección y desarrollo de los menores de 35 años ante los nuevos desafíos sociales, económicos y tecnológicos del país, es uno de los propósitos del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, aprobado por el Parlamento cubano en su sesión reciente.

La normativa refuerza las garantías básicas y toma una postura proactiva frente a temas sensibles y de urgente abordaje, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Cuba.

En entrevista concedida a Cubadebate, la viceministra de Educación, Marlén Triana Mederos, afirmó que el texto, con un precedente en la Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes, aprobada por el Legislativo en julio de 2023, se elaboró a partir de un diagnóstico en el cual se constató “la desarticulación entre políticas, programas y planes sectoriales, la falta de un mecanismo nacional de coordinación o rectoría; y la dispersión de la información estadística para su uso en el seguimiento y evaluación sistemática de condiciones de vulnerabilidad”.

El Código reconoce a niñas, niños y a adolescentes como sujetos plenos de derechos y no únicamente como objetos de protección. Considera a los infantes en capacidad de disfrutar y exigir sus derechos, no ya solo como tutelado o protegido. En tal sentido, expresa el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, aboga por la no discriminación, la actuación en interés superior del niño y la participación infantil. Además, se les otorga el derecho a ser escuchados y a participar en decisiones que les afectan, en función de su madurez.

TOLERANCIA CERO

De acuerdo con datos de Unicef, cerca del 40 por ciento de los infantes cubanos hasta los 14 años han sido sometidos a algún método violento de disciplina, expuestos a agresión psicológica y castigo físico. Aunque las formas severas son menos comunes, ello indica que la violencia disciplinaria es un fenómeno extendido y socialmente normalizado en el país.

Además, los menores han sido víctimas de violencia intrafamiliar, digital, abuso sexual, discriminación por identidad de género; en tanto, se confirma la presencia de conductas autolesivas y suicidio en adolescentes.

Desajustes emocionales, aislamiento social, dificultades de aprendizaje y conductas delictivas, especialmente cuando el maltrato incluye negligencia en alimentación, educación y cuidado médico, son algunas de las consecuencias de la violencia hacia los pequeños, a la cual contribuyen la cultura patriarcal y los estereotipos de género que prevalecen en la sociedad.

En tal contexto, Cuba ha desarrollado una voluntad política notable para enfrentar el problema, con acciones legales, educativas y sociales. La Fiscalía General ha establecido pautas para la protección de menores víctimas de maltrato, y existen programas dedicados a la prevención y erradicación del maltrato infantil, incluida la creación de cátedras especializadas y la sistematización de investigaciones científicas para informar políticas públicas.

El Ministerio de Educación implementa programas de formación y sensibilización en escuelas para la prevención de la violencia y el abuso, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y organizaciones juveniles.

Existen protocolos para la detección y atención de casos de violencia en el ámbito escolar, que incluyen la notificación a las autoridades competentes y el acompañamiento psicológico y social y se desarrollan campañas nacionales para sensibilizar sobre la importancia de la denuncia y la tolerancia cero a la violencia; mientras se reconoce la necesidad de atención especial para menores en situación de vulnerabilidad.

Rompiendo con visiones paternalistas y consolidando un enfoque preventivo, el Código en debate prohíbe toda manifestación de violencia -física, psicológica, sexual, institucional o digital.

Con un enfoque legal moderno y observando las mejores prácticas internacionales, este articula a todos los actores estatales y sociales en la prevención y atención de la violencia, garantiza el acceso a mecanismos efectivos de denuncia y reparación, promueve la voz activa de niñas, niños y adolescentes en la prevención y erradicación. De esta manera, el texto cubano exige la protección frente a toda forma de explotación, discriminación y abuso.

TRABAJO INFANTIL

En correspondencia con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, en la mayor de Las Antillas se define el trabajo infantil como aquel que priva a los niños de su niñez, educación y desarrollo, y que es perjudicial para su bienestar físico y psicológico. Por tanto, el Código del Trabajo vigente prohíbe el trabajo infantil, definiendo que la edad mínima para contratarse laboralmente es a partir de los 17 años.

El proyecto a debate propone una excepción para adolescentes de 15 y 16 años, en circunstancias excepcionales, graduados de Enseñanza técnica o profesional que puedan incorporarse al trabajo con autorización legal y condiciones estrictas: consentimiento de los representantes legales, limitación en la jornada laboral, y prohibición de trabajos peligrosos o perjudiciales para su salud y desarrollo.

El Código Penal cubano sanciona con penas que pueden llegar hasta la privación de libertad a quienes los empleen ilegalmente, incluso si cuentan con el consentimiento del menor o sus tutores. También se aplican sanciones accesorias, como la suspensión o cancelación de licencias, prohibición de ejercer profesiones, y privación de la responsabilidad parental en casos graves.

Asimismo, la responsabilidad de los padres y tutores es regulada por el Código de las Familias, pues estos deben actuar siempre en beneficio del interés superior del niño, garantizando su desarrollo y evitando la explotación laboral.

No obstante, algunos adolescentes colaboran en negocios familiares o en actividades agrícolas, labores que suelen ser informales y no están reguladas, lo que dificulta su control y protección legal.

La crisis económica provoca que algunas familias permitan que sus hijos trabajen para contribuir a la economía doméstica, muchas veces sin ser conscientes de que están infringiendo la Ley. En otros casos, los tutores no están al tanto de las acciones de los menores que venden productos o se emplean de forma encubierta después de las clases o durante las vacaciones.

Mediante el principio de protección integral, el Código ratifica los propósitos de la legislación vigente. Cuba ha sido reconocida por organismos internacionales por su baja incidencia de trabajo infantil gracias a la escolarización universal, la protección social y la vigilancia estatal.

EL DESAFÍO DIGITAL

Un informe reciente de Save the Children, divulgado por Cubadebate, a principios de este mes, revela que el 97 por ciento de los jóvenes ha sufrido algún tipo de violencia sexual en internet durante la adolescencia, incluyendo grooming (contacto con adultos con fines sexuales), sexting sin consentimiento y sextorsión, además de exposición involuntaria a contenidos sexuales explícitos.

La presencia generalizada de ciberbullying entre adolescentes de secundaria y preuniversitario, con prácticas como la divulgación de videos personales, creación de stickers con fotos sin consentimiento y difusión de información privada para humillar a otros jóvenes también ha sido expresada por los involucrados en algún contexto.

Jóvenes entrevistados reconocieron haber sido víctimas de insultos y ridiculización en línea, o haber recibido videos o imágenes pornográficas, mensajes de actos sexuales y proposiciones no deseadas.

En nuestro país, el aumento del acceso a internet y a redes sociales ha superado la capacidad de regulación y educación digital, dejando a muchos padres, docentes y autoridades sin herramientas adecuadas para proteger a las nuevas generaciones.

Al respecto, el Código promueve el acceso y la participación en entornos digitales como un derecho, pero siempre con la protección de su integridad y dignidad. Es decir, busca un equilibrio entre el acceso a la tecnología y la protección frente a sus riesgos.

Establece la protección contra el acoso, la violencia y la discriminación en línea como obligación del Estado y de toda la sociedad; promueve la educación y la prevención frente a estos riesgos; e integra la no discriminación y la dignidad también a los contextos digitales, asegurando la atención y sanción de estas manifestaciones en todos los entornos, físicos o virtuales.

El desafío principal radica ahora en la aplicación efectiva del marco legal: garantizar que las denuncias sean atendidas en tiempo y forma; capacitar a familias, docentes y autoridades en la protección de derechos y adaptar los recursos institucionales a la realidad.

El Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de Cuba marca un punto de inflexión en la protección y promoción de derechos. Su enfoque moderno, inclusivo y participativo no solo actualiza el marco legal sino que ofrece bases sólidas para afrontar los desafíos sociales, digitales y demográficos que enfrenta la infancia.

La efectiva materialización de estos derechos exigirá vigilancia ciudadana, compromiso institucional y, sobre todo, el protagonismo activo de la niñez y la adolescencia cubana.