El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú anunció este jueves que revisará la orden de prisión preventiva (de 36 meses) que pesa sobre el destituido presidente Pedro Castillo, luego de haber aceptado el recurso de apelación presentado por el equipo de defensa del ex mandatario.

La Fiscalía de la Nación solicitó, el 12 de enero pasado, 34 años de cárcel para Castillo por presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, tras su intento de disolver el Congreso de la República, a finales de 2022.

Castillo reiteró durante el debate, como en las diversas audiencias en las que ha participado en los últimos meses, que tras pronunciar el mensaje del 7 de diciembre de 2022 no fue detenido en flagrancia ni intentó fugarse y aseguró que fue arrestado arbitrariamente “con fusil en mano”.

Además, sostuvo que la acusación que presentó la Fiscalía en su contra es “una cortina de humo”.

El Poder Judicial también anunció este jueves que el juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, aceptó un recurso de apelación interpuesto por Castillo para revisar de oficio la orden de prisión preventiva por 36 meses impuesta mientras es investigado por el delito de organización criminal.

Checkley resolvió enviar el recurso de apelación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia “para los fines pertinentes”, con lo que ese máximo tribunal debe ahora decidir sobre el fondo de esa solicitud.

El mandatario destituido cumple la prisión preventiva por 18 y 36 meses en la prisión de Barbadillo, al este de Lima, donde también está detenido el expresidente Alejandro Toledo, quien es procesado por un caso de corrupción vinculado con la empresa brasileña Odebrecht.

(Con información de agencias)