
“Unos 35 mil trabajadores del sector educacional de Granma y más de 32 mil estudiantes ejercerán su derecho al voto el venidero 25 de septiembre durante el referendo que someterá a votación el nuevo Código de las familias”, apuntó Teresa Pérez Trinchet, directora provincial de Educación.
La presidenta del Consejo Electoral Nacional (CEN), Alina Balseiro, explicó que tendrán derecho a ejercer el voto los ciudadanos cubanos, incluidos los miembros de las instituciones armadas, que hayan cumplido los 16 años de edad y se encuentren en pleno goce de sus derechos políticos y civiles.
Para ello, deberán tener residencia efectiva en la isla caribeña por un período no menor de dos años antes de las votaciones; estar inscriptos en el Registro Electoral y no presentar restricción judicial para el ejercicio de su capacidad jurídica.
El sector educacional no solo tiene un peso importante en el desarrollo de esta votación, también destaca por el apoyo a la materialización de este proceso al asegurar condiciones en unas 602 instituciones educativas que fungirán como colegios electorales.
Se suma a ello la participación de numerosos colaboradores como parte de este proceso, entre ellos mil 107 estudiantes de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media y 14 docentes.
El sector educacional ha tenido un papel decisivo en la divulgación y discusión de las ventajas del nuevo Código de las familias desde los turnos de clase y los espacios de Debate y Reflexión.
Entre los cambios aplicados al proyecto, se reconoce expresamente el cuidado como derecho y se amplía la protección de niños y adolescentes ante las situaciones excepcionales y de desastre.
Asimismo, se refuerza la tutela urgente ante la discriminación y la violencia, y se amplía la posibilidad de denuncia a cualquier persona que conozca de estos hechos.
En la nueva versión se mejora la comprensión de las fuentes de la filiación y los tipos que genera, así como los supuestos en que deriva en la multiparentalidad.
También se perfilan normas del ejercicio de responsabilidad parental que vinculan el consentimiento de ambos titulares de la responsabilidad parental, por ejemplo, para las salidas del territorio nacional y su impacto ante la eventual sustracción o retención de niños y adolescentes.