No es el paraíso que han querido fabricar, durante siglos, en las mentes de las personas del mundo: Estados Unidos es, en realidad, un vergonzante ejemplo de ilegalidad, arbitrariedad y corrupción, a tal punto que su presidente, Donald Trump, un corrupto, falsificador y mitómano, ha sido condenado por 34 delitos graves en Nueva York… pero está en la Oficina Oval.

El Hombre Naranja fue declarado culpable de falsificación de registros comerciales en primer grado, en un caso relacionado con pagos de “hush money” (dinero para silenciar) a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016.

En un juicio penal en Nueva York, fue procesado por la falsificación de registros comerciales de la Organización Trump en 2017, vinculados con asientos contables: es decir, con “marañas” en registros fundamentales de los libros donde se asientan compras, ventas y pagos, la base para elaborar estados financieros y garantizar transparencia y cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas. Todo ello con el claro propósito de ocultar “malos pasos”.

Por ejemplo, registraba reembolsos a su abogado Michael Cohen como “gastos legales”, cuando en realidad se trataba de pagos por 130 mil dólares para que Daniels mantuviera la boca cerrada y, de esa manera, encubrir un esquema para influir ilegalmente en la elección presidencial de 2016, ocultando información comprometedora a los votantes.

El 30 de mayo de 2024, el jurado lo declaró, por unanimidad, culpable, convirtiéndolo en el primer presidente o expresidente de EE.UU. condenado por delitos graves; pero, finalmente, el juez Juan Merchan le concedió una “unconditional discharge” (descarga incondicional), en enero de 2025, lo que significa que la condena se mantiene, pero no se impone pena de prisión u otra sanción. No obstante, que quede claro: su condición de convicto sigue intacta.

También engordan su historial otros procesos no continuados (quién sabe por qué), como el abierto por interferencia electoral en Georgia, en las elecciones de 2020, desestimado en 2025 por decisión del nuevo fiscal especial y del juez Scott McAfee; y la causa por hechos similares en Washington D. C., así como el caso por la tenencia ilegal de documentos clasificados obtenidos durante su primer mandato. “Casualmente”, cuando volvió a la Casa Blanca tales procesos comenzaron a aplazarse o cerrarse en silencio.

Y, fiel a la frase de “perro huevero, aunque le quemen el hocico”, el Emperador Donald-I escala en su historial delictivo al ordenar el ataque militar contra territorio venezolano, en la madrugada del 3 de enero de 2026, con el fin de secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores: delitos consumados, para vergüenza de la historia de Estados Unidos.

Desde lo jurídico y lo ético, el ataque plantea gravísimas violaciones: uso ilegal de la fuerza contra un Estado soberano y detención arbitraria de su jefe de Estado, injustificables a la luz del derecho internacional y de los principios éticos más elementales.

La calificación de “secuestro” de Nicolás Maduro tiene un sólido sustento jurídico: fue capturado mediante una operación militar sin consentimiento del Estado venezolano y trasladado fuera del país para ser sometido a la jurisdicción de otro Estado.

Y no es un asunto de “opiniones de este redactor”, ni de “matices” o “puntos de vista”, sino de normas claras: la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, salvo en dos supuestos muy precisos: autorización del Consejo de Seguridad o legítima defensa ante un ataque armado.

Claro: no existe tal resolución del Consejo de Seguridad, ni Venezuela lanzó ataque armado alguno contra Estados Unidos que activara el derecho de legítima defensa. Las justificaciones alegadas por Washington se basan en acusaciones de narcotráfico y terrorismo que, según numerosos expertos, carecen de pruebas concluyentes y que, aunque existieran, no bastan jurídicamente para legitimar bombardeos sobre varias regiones ni la captura de un jefe de Estado.

Además, si hicieran falta más argumentos, basta recordar que Maduro fue detenido por fuerzas extranjeras en territorio venezolano, sin orden de captura emitida por un tribunal venezolano ni consentimiento de su gobierno, y trasladado por la fuerza fuera del país. Eso constituye una privación ilegítima de libertad ejercida por agentes de un Estado extranjero; en términos de derecho penal común, un secuestro, y en el plano internacional, una detención arbitraria.

La presencia de agentes de la DEA y el anuncio de que sería llevado a Nueva York para enfrentar cargos, no corrigen la violación original: la captura mediante el quebrantamiento de la soberanía y del principio de no intervención. La defensa de Maduro, muy probablemente, alegará la nulidad de la detención y la violación flagrante del derecho internacional.

Éticamente, el ataque viola principios elementales: irrespeta la vida y la seguridad de civiles, al lanzar explosivos en zonas densamente pobladas, ignora los mecanismos de solución pacífica de controversias y consolida una lógica de “cambio de régimen” por la fuerza, que erosiona normas básicas de convivencia entre naciones.

El presidente Trump no se contuvo y confesó que lo que quiere es el petróleo de Venezuela; incluso anunció que “ahora vamos a gobernar el país”. ¿Colonización en pleno siglo XXI?

Pero hay más: si el mundo, incluidos los organismos internacionales y la opinión pública –comenzando por la estadounidense– permite tal barbarie, se estará sentando un precedente demasiado peligroso de intervención violenta en los asuntos internos de otros países.

¿Con qué autoridad se le podría decir, mañana, a cualquier enemigo del presidente Trump, o del asesino israelí Benjamín Netanyahu, o del ucraniano Volodímir Zelenski, que no es legal viajar a sus países, secuestrarlo y juzgarlo en otro sitio? Recordemos que adversarios no les faltan.

A estas horas, las personas sensatas y éticas del planeta meditan –independientemente del partido en que militen–, reaccionan, sopesan y miden las consecuencias de mantener en la Oficina Oval a un espécimen como el viejo Donald. Y, entretanto, los demócratas se percatan de que nunca ha estado más cerca Trump de no concluir su segundo mandato.

La mesa está servida para someterlo a un juicio político o impeachment: la Cámara de Representantes podría destituirlo, pues la mayoría republicana no es aplastante; además, podría demostrarse que es incapaz de ejercer los poderes y deberes del cargo y, amparados en la base política para invocar la XXV Enmienda, obligarlo a ceder el puesto al vicepresidente.

No es un proceso expedito, pero es, quizá, la última oportunidad que le queda a Estados Unidos para demostrar –ante sí mismo y ante el mundo– que aún es capaz de poner límites legales y morales a su propio emperador de turno.