Puerto Príncipe, – En medio de la profunda crisis económica que vive hoy Haití, el Estado tendrá que lidiar con las pérdidas de las recientes manifestaciones, que, de acuerdo con expertos, sobrepasan los 50 millones de dólares.
Se trata de una de las mayores conmociones de la economía nacional en el actual año fiscal, subrayó el especialista y detalló que mensualmente el Estado percibe entre siete mil y nueve mil millones de gourdes (entre 87 millones 500 mil dólares y 112 millones 500 mil dólares) por concepto de ingresos aduaneros y fiscales.
Solo entre el 7 y el 18 de febrero, la pérdida estimada es de cuatro mil millones de gourdes (unos 50 millones de dólares), por esos conceptos, y existe una disminución de los beneficios de las empresas, que tendrán que pagar impuestos sobre el volumen de sus negocios, destacó el especialista.
Sérant no es optimista en cuanto a la actual situación, y señaló que la crisis económica persiste, lo que puede producir un aumento de la tasa de inflación, de los precios de productos en el mercado interno, así como un declive en la industria turística y un desinterés por parte de la diáspora haitiana.
El pasado 7 de febrero cuando el mandatario Jovenel Moise llegaba a su segundo año en el poder y en el aniversario 33 del derrocamiento del dictador Jean Claude Duvalier, estallaron masivas protestas antigubernamentales en el país, que dejó al menos 26 fallecidos y 77 lesionados.
Las protestas detuvieron los principales servicios en Puerto Príncipe, y ciudades como Jacmel y Les Cayes, donde el acceso al agua, electricidad, combustible e incluso a centros hospitalarios estuvieron profundamente afectados.
Las movilizaciones tuvieron un negativo impacto en el sector turístico, luego de que grandes potencias como Estados Unidos y Canadá elevaran al máximo la alerta de viajes de sus nacionales al país caribeño, y reconocidas agencias de viaje online eliminaran a Haití de sus destinos.
El Gobierno anunció un paquete de medidas para reducir el 30 por ciento el presupuesto del Ejecutivo, eliminar los privilegios innecesarios de funcionarios y combatir la corrupción.
Sin embargo, para Sérant, algunas de estas disposiciones no podrán aplicarse al margen de una Ley de Finanzas, que cinco meses después del inicio del año fiscal, aún no está aprobada por el Parlamento.