La urgente necesidad de agilizar los procesos de entrega en usufructo de tierras ociosas a quienes verdaderamente están en condiciones de hacerlas producir, fue ratificada en reciente  visita ministerial  de la Agricultura en la provincia de Granma.

El desafío  es  grande porque sobrepasan  las 29 mil hectáreas en áreas ociosas disponibles y quedan  pendientes unas 800 solicitudes en trámites.

Para lograrlo, el Ministro de la Agricultura, Idael Pérez  Brito,  emitió un documento autorizando  su  administración provisional, previa  consulta con la comisión agraria, según trascendió tras el resumen de los resultados en esa  actividad hasta la fecha.

Es  imprescindible aplicar esta y otras alternativas para acortar los plazos y los trámites relacionados con el proceso, en medio del complejo contexto que enfrenta el país para desarrollar  y crecer la producción de alimentos.

Se precisa  aunar los esfuerzos y darle el máximo de prioridad a la tarea,  buscar integración de los factores a la hora de realizar las evaluaciones en el terreno, organizar mejor las comisiones agrarias, y completar su  plantilla, en función de desterrar la morosidad del proceso.

No puede ser que exista un campesino, un usufructuario o una base productiva con interés en crecer en áreas y la tierra permanezca ociosa,  preferentemente  en el sector agropecuario por dilaciones innecesarias en los trámites.

Rogelio Solano Socarra, jefe del Departamento de Control de las Tierras y Tractores en la Delegación Provincial del Ministerio de la Agricultura, reconoció los atrasos por  la  falta de  exigencia, control y disciplina  en los registros y delegaciones   municipales.

Solano Socarra destacó que existen los mecanismos para  hacer el trabajo rápido,  incluido el de la administración  provisional  con las empresas  y del usufructo   en el autoabastecimiento municipal.

Acoto que necesitan  que el sector empresarial solicite ampliación de áreas con potencialidades para  producir más  y generar ingresos  por esa vía, además  resolver los problemas  como 324 tenentes de tierras  sin contratos de producción,  entre  otras ilegalidades,  lo cual provoca daños al control,  uso  y la comercialización   de los productos en la red de mercados.