Por las calles, en estos días, se escucha con fuerza y preocupación que los precios de los productos, sobre todo los de primera necesidad, están muy por encima de lo que puede pagar un trabajador.
NO TIENEN RELACIÓN CON LO QUE GANAMOS
Annia Sánchez Benítez, trabajadora del Ipel, no duda en señalar el problema: “Hay que tomar medidas porque los precios son abusivos y no se comparan con lo que ganamos los trabajadores”.
Para ella, el aceite es el ejemplo más claro: “Hasta a dos mil pesos lo he visto por ahí”, explica; mientras, recuerda que el arroz también se ha disparado.
Sobre quienes no dudan en dañar al pueblo, señala: “Son personas inhumanas, porque el que tenga humanidad, no vende los productos por encima de lo establecido”.
“NO HAY INSPECTORES”
En otro punto de la ciudad, Gabriel Guerra Peña, jubilado y extrabajador de Estadística provincial, afirmó: “Es demasiado; el aceite a dos mil pesos el litro; eso es resultado del descontrol. Nadie con un salario puede vivir con esos precios”.
Gabriel califica de abusivas a las personas que operan en el mercado informal, y expresa que el pueblo es el que sufre.
“Aquí no hay inspectores que pongan freno”, lamenta.
Ángel Jiménez, trabajador del Citma, describe la situación como crítica, “muy apretada”. Para él, los precios están mal, muy altos, tanto en el mercado formal como en el informal.
No encuentra explicación a lo que sucede, y con realismo y frustración, expresa: “Lo primero es abastecer”, porque solo así disminuiría la brecha entre oferta y demanda.
“El problema radica en que las personas que compran en grandes cantidades para revender ya no quieren sacarle el 10 por ciento o el 15, sino el doble; pero, lo más penoso, es que vamos a tener que comprar lo que sea, al precio que aparezca”, lamenta Yenifer Naomi Acosta Bárzaga, joven de 23 años.
Por otro lado, Marta Osorio Soler, jubilada de 79 años, considera que vivir con una pensión en estos tiempos es un desafío, debido a esos precios exorbitantes.
Como miles de cubanos, repudia las medidas del presidente estadounidense, Donald Trump, que agravan la situación en sus claras intenciones de asfixiarnos.
Sin embargo, Marta revela otra preocupación no menos importante, en medio de este contexto tan complejo, “¿cómo las generaciones venideras enfrentarán esta crisis?”.
Precisamente, la estudiante universitaria María Klaudia Castillo, expone que es muy complicado para los jóvenes en Cuba, con precios tan altos que -a veces- no pueden acceder a lo más básico.
“El escenario económico del país nos deja con pocas opciones. Muchos de mis amigos están pensando en irse, porque no ven un futuro aquí”, comenta.
EL PESO DE LA INFLACIÓN
Desde el sector gastronómico, Yanicel Pardo Miranda, administradora de la UEB pizzería Nápoles, argumenta cómo los aumentos de precios golpean también a su unidad.
Detalla que, este jueves, amanecieron por las nubes los precios de la harina y el queso criollo; mientras, el Lácteo (se refiere a la empresa) dejó de suministrarle el producto y tienen que buscar alternativas con vendedores de Río Cauto.
La administradora reconoce que, aunque no han subido los precios en su establecimiento, hay que ver cómo se resuelve el problema, porque la población siente cada vez más el peso de la inflación.
Para la joven comunicadora Viviana Ramírez Fonseca,
trasladarse ahora es un lujo: “Con la escasez de combustible, las opciones se reducen y el transporte deja de ser un servicio para convertirse en un privilegio”.
A Viviana le resulta casi imposible ocultar su frustración, “al quedar limitada la movilidad entre regiones, muchas personas se ven obligadas a depender de alternativas más costosas e informales, y así surgen los abusos”, precisa.
“Es ahí cuando el ciudadano común, que ya enfrenta dificultades económicas, termina pagando el precio más alto”.
CONCLUSIÓN
Los anteriores criterios muestran la insatisfacción; en tanto, siguen a la espera del actuar consciente, ágil y comprometido con el pueblo de quienes están obligados a hacer cumplir la ley.
INSTRUMENTOS LEGALES
Elevar precios por encima de los autorizados puede acarrear multas, la pérdida de licencias y hasta sanciones penales, según establecen varias normas vigentes.
El Decreto 30/2021 fija multas de dos mil 500 a 15 mil pesos para personas naturales o jurídicas que alteren precios o tarifas, las cuales pueden duplicarse si no se pagan a tiempo. Define como precios abusivos los que sobrepasan un rango razonable con fines de ganancia desmedida, y como especulativos, los aplicados a productos básicos con intención de reventa lucrativa.
El Decreto‑Ley 91/2024 permite imponer a los trabajadores por cuenta propia, mipymes y cooperativas no agropecuarias medidas como la suspensión o cancelación de licencias cuando incurran en esas violaciones.
La Resolución 209/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios establece que la utilidad máxima en contratos entre el sector estatal y las formas de gestión no estatal no debe exceder del 30 por ciento sobre el total de costos y gastos. Ignorar ese límite puede generar sanciones conforme a los decretos anteriores.
El Código Penal, en sus artículos 310 al 312, sanciona la especulación y el acaparamiento con penas de prisión de seis meses a tres años o multas. Estas se agravan si los hechos ocurren durante situaciones excepcionales o de alta demanda.