El Consejo de la Administración del Municipio Bayamo enunció recientemente una serie de regulaciones para controlar y fiscalizar los precios de los productos que comercializan carretilleros ambulantes.

El órgano gubernamental decidió asignarle una chapa con un número que identifique a cada trabajador que ejerce esa actividad, con el propósito de facilitarle a la población  la denuncia de las violaciones en el valor y calidad de los productos.

Eric Joa LLovet, vicepresidente del Consejo de la Administración de la Ciudad Monumento Nacional, comentó que la iniciativa surge por las constantes denuncias de los granmenses en relación a la alteración de los precios de los carretilleros y la mala calidad de sus ofertas.

Argumentó que la chapa contiene la identificación de la capital provincial, un número grande en rojo para identificar a cada carretillero, así como los teléfonos de atención al Consumidor, habilitados para recepcionar quejas e inquietudes relacionadas con el servicio de esos cuentapropistas.

El vicepresidente del Consejo de la Administración del municipio de Bayamo, señaló que la mayoría de los carretilleros ambulantes de este territorio acudieron a buscar su identificación y los que no porten  la chapa serán considerados como ilegales aunque posean la licencia para ejercer la actividad.

Destacó que el grupo de control de los precios de la Ciudad Monumento monitorea diariamente los planteamientos de la población respecto a las violaciones de los precios.

En cuanto al cuerpo de inspección y supervisión de la capital granmense, manifestó que está capacitado para multar y retirar la licencia a los carretilleros que incurran en la violación de las regulaciones de precios y no porten la chapa identificativa.

Eric Joa LLovet, comentó que la iniciativa permite controlar y organizar el servicio que prestan los carretilleros ambulantes, facilita la denuncia en caso de infracciones y protege a la población.

Además está en consonancia con el llamado del Presidente de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez de controlar los precios de determinados bienes y servicios a la población, tras el aumento salarial.