Las redes sociales no son neutrales. Se trata de infraestructuras privadas que organizan la conversación pública para maximizar atención, interacción y permanencia. En ese ecosistema, cualquier actor político –y en particular los violentos– puede encontrar un terreno fértil para captar simpatizantes, construir comunidad y normalizar discursos extremos.
Las recientes informaciones sobre el grupo proveniente del sur de Florida que intentó infiltrarse en Cuba, articulado en parte a través de plataformas como TikTok, vuelven a poner el foco en un fenómeno que no es nuevo: el uso de las redes sociales como espacio de reclutamiento, propaganda y coordinación de asociaciones criminales.
El dato del origen importa. La Florida –y en especial el ecosistema político-mediático de la ultraderecha– ha sido durante décadas una arena pública fuertemente sesgada contra Cuba, donde el discurso de hostilidad se premia y donde, históricamente, han existido redes y climas de legitimación de acciones violentas bajo la retórica de la «liberación».
Para entender cómo se pasa de «calentar las redes» a la acción directa, conviene distinguir niveles. Los llamados manifiestos a la violencia –en formato de videos, directas («lives»), símbolos, códigos compartidos– cumplen una función identitaria. Señalan pertenencia a una «causa», refuerzan supuestos agravios de una comunidad y construyen un relato épico. En muchos casos, el contacto inicial de estas personas se produce en plataformas públicas, pero rápidamente deriva a espacios más cerrados: mensajes directos, grupos privados, aplicaciones de mensajería. La parte verdaderamente crítica –la coordinación para la logística, el armamento, el financiamiento– viene después, y suele moverse con suma discreción para minimizar los riesgos y borrar los rastros.
En muy corto tiempo, las plataformas sociales facilitan actos que no ocurren en un vecindario a la luz del día. Difícilmente un racista o un terrorista grite en la calle las salvajadas que hemos visto muchas veces en X o en Facebook a través de cuentas anónimas, ni encuentre en su entorno inmediato una masa de personas que lo apoyen abiertamente. En cambio, en internet, la combinación de anonimato relativo, la distancia geográfica y el menor costo social produce «desinhibición». Por eso vemos que algunos usuarios se dicen barbaridades que, cara a cara, tendrían una sanción social inmediata.
El famoso algoritmo de las plataformas hace el resto. Facilita que se encuentren quienes piensan de manera parecida y estos «ecosistemas de afinidad» crean cámaras de eco donde lo extremo puede convertirse en norma, porque se repite, se celebra y se refuerza sin contraste.
No es un patrón exclusivo del caso cubano. La extrema derecha en Estados Unidos ha demostrado con claridad cómo se articulan estas dinámicas. El asalto al Capitolio de Washington, el 6 de enero de 2021, se alimentó de una narrativa de fraude diseminada y coordinada en distintas plataformas, con circulación cruzada entre redes convencionales y espacios «alternativos». La movilización física fue el resultado visible de una infraestructura digital previa, que combinó propaganda, grupos de pertenencia y canales cerrados donde se coordinaron las acciones violentas contra el principal símbolo del poder legislativo estadounidense.
Por eso el problema no es que aparezca «un video aislado» o «una provocación suelta» en las plataformas digitales. La violencia simbólica, cuando se vuelve una rutina y obtiene aplausos, acorta la distancia hacia la violencia material, como demuestran los hechos. Esto no significa demonizar la tecnología. Las redes también sirven para organizar proyectos legítimos, denunciar abusos y articular solidaridad. Pero ignorar su uso por parte de los violentos es una ingenuidad que puede costar cara.