En su obcecado odio contra Cuba y a tenor de los poderes ilimitados que le dio la Orden Ejecutiva del pasado 1 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio ha anunciado este 23 de julio nuevas medidas punitivas contra entidades y nacionales cubanos.
Como en cada una de las últimas semanas, el principal articulador de la política de máxima presión y castigo colectivo contra el pueblo cubano, ha dispuesto nuevas medidas encaminadas a reforzar, el de por sí ya extremo, cerco energético contra Cuba, afectar empresas comerciales y proseguir la persecución contra la colaboración médica cubana.
Con total cevicia, se designa como objeto de acciones punitivas a entidades “por operar o haber operado en el sector energético de la economía cubana”, como para que no quede brecha alguna en la persecución genocida a cualquier acción cubana por defender su derecho a obtener los combustibles y las tecnologías para la producción de energía y el desarrollo económico.
Entre ellas están el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), institución científica cubana que trabaja en la exploración del crudo nacional, la búsqueda de soluciones tecnológicas para su refinación y las investigaciones sobre futuras fuentes de energía.
También arremete el Secretario de Estado contra la EMPRESA DE ENERGÍA S.A. (ENERSA) y EINARBO S.A a las que referencia como importadoras de gas, gas licuado y lubricantes.
Las medidas también van encaminadas contra entidades significativas en los flujos de la transportación, comercio exterior, las finanzas y las remesas como la Terminal de Contenedores de Mariel SA, la empresa Coral Marítima SA, la firma CEIBA Investments Limited y la entidad financiera Orbit SA.
La obsesión de Marco Rubio contra las misiones médicas cubanas en el exterior, que han salvado miles de vidas en diversas partes del mundo, y el derecho legítimo del país de obtener ingresos por parte de esos servicios, abarca ahora la designación como entidades y personas que “amenazan la seguridad nacional” de Estados Unidos a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), así como al ministro de Salud Pública Dr. Jose Ángel Portal Miranda y la directora de la UCCM, la Dra. Gretza Sánchez Padrón.
Implicaciones de las medidas
Más allá de la ridícula imposición de medidas contra “todas las propiedades e intereses en poder de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses”, el objetivo principal del anuncio es evitar cualquier contacto o relación de entidades o personas estadounidenses y también generar temor entre posibles inversores, comerciantes o financistas.
Según el documento de Rubio: “Se prohíben todas las transacciones y negocios realizados por personas estadounidenses, dentro de Estados Unidos (o en tránsito), que impliquen cualquier propiedad o interés en propiedades de las personas designadas o bloqueadas de algún modo a menos que esté autorizada por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que esté exenta. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquiera de estas personas.”
También se establece que “Las personas extranjeras que participen en transacciones con personas designadas en virtud de la O. E. 14404, o que operen en los sectores de energía, defensa y material relacionado, metalúrgico y minería, servicios financieros, o el sector de seguridad de la economía cubana, como se identifican en la O. E. 14404, se arriesgan a ser objeto de sanciones. Las personas no estadounidenses, incluyendo instituciones financieras extranjeras, deben proceder con precaución respecto a cualquier operación con una parte sancionada bajo esta autoridad. Las acciones para devolver activos a una parte sancionada o transferirlos a otra jurisdicción para posible uso por el sujeto [de la sanción] podrían exponer a las personas no estadounidenses a un riesgo significativo de ser sancionadas. Toda propiedad o interés en propiedad de personas que estén bloqueadas en virtud de las reglamentaciones de control de activos cubanos (CACR) continúa estando bloqueada. La CACR prohíbe a personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos hacer transacciones con propiedades en las que Cuba o un nacional cubano tenga intereses a no ser que esté autorizada o exenta”.
Cinismo in extremis
“El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento.”, dice con desparpajo la hoja informativa del Departamento de Estado.
Marco Rubio pretende erigirse en el preceptor de Cuba para que tengamos un “cambio positivo en el comportamiento”. Es decir, o hacemos lo que Washington quiere o los cubanos hemos de sufrir hasta lo indecible por la decisión de ser un país independiente