La Habana, – El gobierno cubano no tiene un papel directo en la recepción de remesas, explicó a Cubadebate Yamil Hernández González, Gerente General de Financiera Cimex, S.A. (FINCIMEX).

Señaló que se trata de una actividad comercial y la gestiona una entidad comercial, en este caso FINCIMEX, y ningún gobierno extranjero, incluyendo el de Estados Unidos, tiene derecho a dictarle a la Isla qué empresa puede gestionar remesas y cuál no.

En octubre de 2020, el gobierno estadounidense prohibió las relaciones de la compañía Western Union con las instituciones cubanas encargadas de tramitar las remesas a Cuba, específicamente con la Financiera, poniendo fin de manera unilateral al flujo a de remesas por canales regulares e institucionales.

Hernández González precisó que la Western Union era la entidad encargada de enviar las remesas a la mayor de las Antillas y en el esquema existente, esa entidad cobraba en Estados Unidos al emisor de la remesa cinco dólares por cada 100 que se enviaban, como comisión comercial.

Ellos pagaban a FINCIMEX un dólar por cada cien remesados, por concepto de servicios prestados, lo cual es una práctica común en la industria de remesas internacionales, aclaró.

“Es falso que FINCIMEX, el gobierno cubano o las fuerzas armadas se apropiaran de un 20 o un 40 por ciento del dinero remesado a Cuba desde Estados Unidos, falsedad que políticos de ese país repiten sin parar. Insisto, el dinero remesado no era objeto de gravamen alguno al ingresar a Cuba. El destinatario recibía el monto remesado total e íntegramente”.

Reiteró que la Financiera es una entidad 100 por ciento civil, ninguno de sus trabajadores es militar y los ingresos por servicios prestados forman parte de las entradas generales del país y se destinan tanto al sostenimiento y funcionamiento de la propia empresa -incluyendo su infraestructura tecnológica- como a realizar aportes al presupuesto nacional y a la economía en su conjunto.

Comentó que la principal consecuencia de la interrupción de las remesas a través de los canales formales e institucionales fue el aumento de la dificultad y los costos para recibirlas.

La medida ha impactado negativamente en el nivel de vida de los receptores y en los bolsillos de quienes las envían pues se dice que actualmente las personas están pagando en Estados Unidos hasta 30 dólares o más por cada cien que envían a sus familiares en Cuba a través de canales irregulares, dijo.

Añadió que otra consecuencia ha sido el aumento de las transferencias incontroladas de divisas desde ese país hacia la Isla, algo que nunca es positivo y que va en contra de lo que la comunidad internacional intenta organizar y regular.