La reciente publicación de la Resolución 76 de 2025 del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Cuba ha sido interpretada de manera errónea, y generado inquietud en la población, particularmente en torno a un supuesto cobro del servicio eléctrico en dólares o una presunta privatización del sector.
Sin embargo, autoridades del propio organismo desmintieron categóricamente estas versiones: Ramsés Montes Calzadilla, director de política y estrategia energética del Minem, precisó a Cubadebate que no se ha producido modificación alguna en el sistema tarifario vigente, sino que se mantienen en moneda nacional, tanto para el sector residencial como el no residencial, y sin incremento.

La confusión parece originarse en una lectura descontextualizada de la norma, que en realidad no introduce un nuevo esquema, sino que actualiza un mecanismo existente desde 2021, relacionado con la contratación de energía solar fotovoltaica dentro del Sistema Eléctrico Nacional.

Este modelo permite a actores económicos —empresas estatales, mipymes y también personas naturales— participar en el financiamiento de capacidades de generación renovable mediante una modalidad de “instalación virtual”; es decir, el usuario no instala paneles solares en su propiedad, sino que financia una potencia equivalente en parques solares y recibe a cambio un descuento mensual en su factura eléctrica.

De acuerdo con el Minem, por cada kilowatt contratado, el consumidor obtiene una bonificación mensual de 125 kilowatt-hora (kWh) durante un período que puede oscilar entre dos y veinte años. Se trata de reproducir, en términos económicos, el rendimiento de un sistema fotovoltaico real, sin las limitaciones físicas que implicaría su instalación.

La principal novedad de la Resolución 76 radica en la reducción de los precios de contratación, en correspondencia con la disminución de los costos internacionales de esta tecnología. El valor máximo, asociado a contratos a largo plazo, desciende de mil 500 dólares por kW en 2021 a 600 dólares en la actualidad, lo que representa una rebaja superior al 50 por ciento.

Este ajuste busca incentivar la participación en el programa y contribuir al desarrollo de las fuentes renovables de energía en el país. Según datos ofrecidos por el propio Minem, las entidades que han empleado este mecanismo han logrado reducir significativamente sus gastos eléctricos, en algunos casos hasta en un 50%, además de obtener certificaciones que avalan el uso de energía limpia.

En el caso del sector residencial, la opción también está disponible, aunque su conveniencia depende del nivel de consumo. Dado el carácter subsidiado y escalonado de las tarifas domésticas, los beneficios económicos se concentran en los consumidores de alto gasto energético, particularmente aquellos que superan los 500 kWh mensuales.

Las autoridades insisten en que este esquema es completamente voluntario y no implica cambios generalizados para la población. Asimismo, explican que la contratación se realiza en divisas debido a la necesidad de importar los componentes tecnológicos asociados a la generación fotovoltaica.

Más allá del beneficio individual, la medida se inscribe en la estrategia nacional de transición energética, orientada a incrementar la participación de fuentes renovables y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

En consecuencia, lejos de implicar nuevas cargas o transformaciones estructurales en el sistema eléctrico, la Resolución 76 de 2025 actualiza y fortalece una herramienta ya existente, concebida para ampliar las capacidades de generación limpia y diversificar las vías de participación en este proceso.

(Con información de Cubadebate)