El Sahel, región que separa los desiertos del norte de África de las sabanas del sur, es hoy una de las más convulsas del mundo por la presencia y acciones violentas de los grupos extremistas islámicos y otros actores.
Dentro de esa área geográfica, donde coexisten conflictos entre pueblos distintos, rutas de tránsito, lucha por recursos naturales como el agua y el oro, y tráfico de drogas, se encuentra Mali, país en el que recientemente ocurrió una fuerte ofensiva coordinada por entes radicales.

La crisis de inseguridad en territorio maliense aumentó cuando días atrás formaciones extremistas armadas y separatistas de la etnia tuareg (pastores y comerciantes seminómadas) atacaron objetivos en Bamako, la capital, y otras ciudades del Estado saheliano.

Al calor de múltiples explosiones y disparos en diversas zonas del país, el accionar de las fuerzas armadas de Mali y el denominado Cuerpo de África, integrado por destacamentos rusos, contuvieron el empuje de los asaltantes.

Diversas fuentes estiman que los enfrentamientos dejaron saldo de 23 muertos, entre ellos niños, y numerosos heridos. Sin embargo, la cifra de bajas pudiera ser mayor, alegan varias fuentes.

La ofensiva, considerada una de las más grandes realizadas en más de una década por entes irregulares en el país africano, la protagonizó el considerado terrorista Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y el movimiento separatista Frente de Liberación de Azawad (FLA).

Durante los días 25 y 26 de abril último ambas fuerzas coordinadas embistieron, además de instalaciones en Bamako, al sur del país, territorios más al norte, como Kati, Sevaré, Gao y Kidal, según difundió a través de un comunicado el Estado Mayor del Ejército de Mali.

Los entes, además de realizar asaltos y efectuar toma de localidades, desde hace varios meses bloquean carreteras y otros accesos viales hacia la capital para impedir la llegada de combustibles y alimentos a la importante urbe.

Como acción revanchista, los tuareg ocuparon, por otra parte, la ciudad norteña de Kidal, la cual el Ejército nacional arrebató a la formación armada en 2023.

En medio del violento escenario, en la ciudad de Kati, próxima a Bamako, también se reportó la muerte del ministro maliense de Defensa, Sadio Camara, y de otros familiares, tras la explosión de un coche bomba conducido por un atacante suicida.

Tal panorama, que incluye el cierre de escuelas y comercios, refleja la complejidad de la situación vivida, con varios actores presentes: de una parte, el Ejército, con respaldo de gran parte de la población, y unidades de ayuda rusa, presentes allí a pedido de las autoridades locales.

En el otro lado figura, JNIM, filial de la red terrorista Al-Qaeda, y el FLA, cuyos respectivos jefes declararon que su objetivo consiste en derrocar a la gobernante Junta Militar, encabezada por el líder militar, general Assimi Goita.

Continúan las operaciones castrenses

Precisamente, el propio Goita, designado también ministro de Defensa en reemplazo de Camara, expresó recientemente que “las operaciones militares proseguirán hasta que los grupos armados sean neutralizados y la seguridad se restablezca de manera sostenible en todo el país”.

Luego de asegurar que las disposiciones de seguridad se reforzaron y que la situación está bajo control, con operaciones de limpieza territorial, el máximo representante gubernamental, en aras de la unidad instó a la población a levantarse contra “la división y la fractura nacional”.

Un papel importante en la fuerte contraofensiva contra los elementos radicales e independentistas tuareg lo tienen, sin dudas, las fuerzas conjuntas de Mali, Burkina Faso y Níger, agrupadas en la Alianza de Estados del Sahel (AES), ente que de cinco mil efectivos emplantillados pasó a 15 mil en abril pasado.

La triada de países, gobernados por juntas militares, decidió crear esa organización en septiembre de 2023 al retirarse de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, institución que consideraron cercana a intereses de Francia y otras naciones occidentales, empeñadas en recuperar el liderazgo en África.

Yendo más lejos aún, las autoridades de Níger, afiliadas a la AES, en días recientes acusaron a los países de Occidente, sobre todo París, de patrocinar los recientes ataques en suelo maliense, con el fin de desestabilizar ese territorio. El país galo rechazó las imputaciones.

Solidaridad desde Níger

Desde Niamey, capital de Níger, en días recientes cientos de manifestantes, agrupados en un centro cultural, manifestaron su solidaridad con el pueblo maliense y gritaron consignas como ¡Abajo los imperialistas! y ¡Abajo los terroristas y sus patrocinadores!, reflejaron las redes sociales.

Por su parte, el representante de la coalición de organizaciones de la sociedad civil, Effred Mouloul, manifestó que los hijos de Bamako no están solos, pues cuentan con el respaldo de las fuerzas activas nigerinas y de la Alianza de Estados del Sahel.

Para no pocos analistas, los grupos terroristas y el separatista FLA al parecer pretenden acceder al poder en Mali, extenso país, con una superficie de 1,24 millones de kilómetros cuadrados, y una población ascendente a unos 25 millones de habitantes.

La alianza de agrupaciones extremistas y los rebeldes tuareg, los cuales se enfrentaban entre si en el pasado, es considerada a la postre una seria amenaza para toda la región de África Occidental, en particular el territorio maliense, el cual enfrenta también a la formación radical Estado Islámico del Gran Sáhara.

Es así como, ante el latente peligro en los tres territorios miembros de la AES, con juntas militares que accedieron al poder de 2020 a 2023, sus respectivas fuerzas de uniformados luchan de conjunto o por separado contra formaciones radicales islámicas, las cuales practican actos de violencia, como secuestros.

Para solventar la actual situación de inseguridad en Mali y territorios adyacentes del Sahel -vastas zonas con elevados desafíos de desarrollo- no basta acudir solo a medios militares, sino también a negociaciones entre diversos actores que propicien la paz, incluso a nivel local.

Expertos políticos consideran, asimismo, que, en esos territorios, con arraigo durante varios años por las formaciones extremistas, los gobiernos deben aplicar políticas de inclusión social, que pasen por el fomento de escuelas, centros hospitalarios para la atención médica y erradicar la pobreza en comunidades, sobre todo rurales.