La vida económica del cubano se enfrenta a un escenario para el que no estaba preparada. Nadie nos enseñó demasiado sobre oferta y demanda, descentralización, formación de precios o mercados mayoristas. Ahora tenemos que aprenderlos a golpes. Uno de los más recientes tiene forma de botella: el aceite.

Antes de empezar, lo primero es comprender qué es un precio mayorista y qué es un precio minorista. La diferencia suele estar en a quién se vende. El precio mayorista corresponde, generalmente, a operaciones de mayor volumen entre productores, importadores, distribuidores y otros actores económicos. El minorista es el que paga finalmente el consumidor y debe incorporar, además del costo de adquisición, transporte, almacenamiento, salarios, impuestos, pérdidas y otros gastos.

En 2024 entró en vigor la Resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial No. 61 Ordinaria. La norma estableció precios minoristas máximos para productos de alta demanda, entre ellos el aceite, el pollo troceado, la leche en polvo, las pastas y las salchichas. Para el aceite se fijó un máximo de 990 pesos por litro, con un margen de hasta 30 por ciento sobre costos y gastos, siempre sujeto al precio máximo establecido.

La intención era contener el crecimiento de los precios. Pero el mercado siguió encontrando caminos para expresar la realidad económica. El aceite comenzó a comercializarse por encima de aquel valor y la brecha entre el precio oficial y el precio efectivo fue creciendo.

En junio de 2026 llegó la corrección. La Resolución 150 del Ministerio de Finanzas y Precios dejó sin efecto los precios minoristas máximos para el aceite, excepto el de oliva, el pollo troceado, la leche en polvo, las pastas y las salchichas. El propio Ministerio explicó que la decisión respondía, entre otras razones, a los altos costos de adquisición para la importación, el crecimiento de la tasa de cambio y la escasez de combustible.

Pocas semanas después, y en medio de una escasez que ya venía afectando al producto, el precio del aceite comenzó a escalar con rapidez. En diferentes lugares llegó a venderse por miles de pesos y en Guantánamo se reportaron valores de hasta 6 mil pesos antes de la intervención de las autoridades.

En Guantánamo, el Gobierno municipal estableció en agosto un precio de referencia de 2 mil 200 pesos por unidad. Oficialmente se aclaró que no se trataba de un “precio topado”, sino del resultado de un análisis de costos y gastos y contempló multas, decomisos, venta forzosa del producto y cierres temporales para quienes incumplieran las medidas. En la práctica, la frontera entre precio de referencia y precio máximo queda bastante borrosa.

Durante años se ha buscado proteger al consumidor y es lógico. El problema aparece cuando el precio que resulta inalcanzable para una parte importante de los consumidores coincide con el precio que el comerciante necesita para reponer la mercancía.

Cuando un precio máximo se establece por debajo del costo de reposición de un producto, aumenta el riesgo de que la oferta formal se reduzca, aparezcan mercados paralelos o simplemente desaparezca el producto.

No es una defensa del comerciante por encima del consumidor. Es que si vender una mercancía al precio establecido no permite reponerla, alguien tendrá que absorber la diferencia. Puede hacerlo el Estado mediante subsidios. Puede asumirla el comerciante. Puede asumirla el productor o el importador. O puede terminar pagando el consumidor en el mercado informal.

En las discusiones sobre el control de precios suele aparecer la imagen del comerciante rapaz que intenta ganar más de lo que debería. Y no le resto importancia a que existan abusos, especulación e intermediarios que aprovechan la escasez. Pero en ese absolutismo se esconden preguntas que también vale la pena formular.

¿Dónde compra el comerciante? ¿Existe en Cuba un mercado mayorista suficientemente amplio? ¿A qué tasa consigue la divisa? ¿Cuánto paga por la transportación? ¿Cuánto cuesta reponer la mercancía perdida? ¿Cuánto se queda en manos de los intermediarios?

Poner un producto a un precio que resulte aceptable para el consumidor no garantiza resolver el problema. Puede modificar el precio que aparece en la etiqueta, pero no necesariamente la cantidad de mercancía disponible.

Como dicen los gurús del deporte: datos, no opiniones. Las estadísticas disponibles de la producción industrial cubana en la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) muestran, por ejemplo, que la producción de aceites vegetales refinados pasó de 17 mil 800 toneladas en 2021 a 10 mil 700 en 2022 y apenas 4 mil 300 en 2023. La caída entre 2021 y 2023 fue de aproximadamente 75,8 por ciento. El dato resulta todavía más revelador cuando se observa que la contracción no ocurrió de un año para otro: 17 mil 800; 10 mil 700; 4 mil 300, aunque en período coincidente con el azote de la pandemia de la COVID-19.

Para el aceite vegetal refinado, la tabla de la ONEI no reporta valores para 2024 y 2025. Eso no permite afirmar que la producción haya continuado cayendo durante esos dos años, pero sí muestra hasta dónde llega la información estadística disponible para este indicador.

En el caso del café, la serie disponible muestra igualmente una caída considerable: de 17 mil 100 toneladas en 2021 a 2 mil 600 en 2025. Eso representa aproximadamente un 84,8 por ciento menos en cuatro años. Entre 2021 y 2025, la producción de yogurt cayó un 93,2 por ciento; los piensos mezclados, un 89,1 y las pastas alimenticias casi un 80.

Y la producción porcina también ha sufrido una contracción profunda. Las estadísticas de la ONEI muestran que la producción de carne de cerdo en bandas pasó de 41 mil 400 toneladas en 2021 a 5 mil 200 en 2025, una reducción de aproximadamente 87,4 por ciento.

El patrón general es difícil de ignorar: la discusión sobre los precios está ocurriendo sobre una economía que ha perdido una parte importante de su capacidad de producción industrial.

Hablar sobre la pérdida de capacidad productiva del país puede sonar a llover sobre lo mojado. Pero continúa siendo una de las aristas que más afectan al desarrollo económico. Cuando la producción nacional resulta insuficiente, aumenta la necesidad de recurrir a importaciones. Y en una economía con escasez de divisas, dificultades financieras, altos costos logísticos y restricciones para acceder a mercados externos, esa dependencia puede terminar trasladándose directamente al precio final.

El propio Ministerio de Finanzas y Precios reconoció, al eliminar los topes, que los costos de adquisición para la importación habían aumentado debido, entre otros factores, al crecimiento de la tasa de cambio y la escasez de combustible.

Las sanciones estadounidenses complican las operaciones comerciales y financieras cubanas. Ignorarlo sería tan poco serio como atribuir todos los problemas internos al bloqueo. La pérdida de capacidad productiva, la falta de financiamiento, los problemas de infraestructura, la organización económica y las dificultades para generar encadenamientos productivos internos también forman parte del problema.

Cuba está intentando ampliar el espacio para la inversión privada, la actividad empresarial y la importación por actores no estatales. Pero si el país no desarrolla al mismo tiempo una estructura productiva y mayorista capaz de abastecer a esos actores, existe el riesgo de construir un sector privado cada vez más grande sin construir una economía nacional suficientemente productiva.

La regulación de precios en sustitución de los topes plantea una contradicción con las transformaciones económicas en marcha en el país. Si se pretende ampliar la participación de actores privados y descentralizar determinadas decisiones económicas, pero al mismo tiempo las administraciones territoriales conservan la capacidad de intervenir sobre los precios en determinados episodios de crisis, la previsibilidad de las reglas queda sometida a una tensión evidente.

Eso no significa que el Estado deba renunciar a intervenir. Debe hacerlo cuando existan prácticas abusivas, monopolios, colusión, acaparamiento o condiciones que perjudiquen deliberadamente al consumidor. Pero una cosa es combatir el abuso, como fue el caso, y otra intentar influir con “topes” en el funcionamiento de una cadena de suministro que no existe.

El problema del aceite no comenzó cuando desapareció el tope de 990 pesos. El precio simplemente hizo visible una contradicción que ya estaba allí: una economía con producción industrial debilitada, dependencia de importaciones, restricciones de divisas y combustible, y una población cuya capacidad adquisitiva no puede seguir el costo de reposición de las mercancías. La regulación puede contener temporalmente el precio que aparece en la etiqueta, pero no puede crear mágicamente el aceite que falta.

Cuba comienza a andar, aunque con enormes contradicciones, por un terreno donde las formas combinadas de organización económica y los mecanismos de mercado adquieren un peso mayor. No deberíamos tenerle miedo al mercado como tampoco adorarlo. Debe ser una herramienta. Y como cualquier herramienta, importa quién la utiliza, para qué y bajo qué instrucciones.

(Tomado de Periódico Venceremos)