Los mercados de barrio, nueva iniciativa gubernamental, operan en una red seleccionada de bodegas, mercados ideales y carnicerías.

En Granma, hasta el presente, 12 entidades comerciales de  61 en proceso de contratación, están destinadas a esta modalidad, cuyo propósito es acercar productos de primera necesidad a la comunidad, además de favorecer precios inferiores a los de otras ofertas del entorno.

Sobre las características de estos mercados, sus incentivos y desafíos, conversó, para La Demajagua,  Alberto Ruiz García, director de Ventas de mercancías, Grupo Empresarial de Comercio en la provincia.

-¿Qué distingue a estos establecimientos?

-Los mercados de barrio es una modalidad de venta de mercancías para la comercialización de productos alimenticios, y de aseo e higiene de primera necesidad, precisó.

Según detalló, existe una nomenclatura que comprende arroz, granos, pastas alimenticias, aceite, azúcar, café, productos cárnicos frescos y en conserva, huevos, leche y derivados lácteos; mientras que entre los artículos de aseo e higiene, mencionó jabones de tocador y de lavar, detergente, crema dental y papel sanitario.

Añadió que las normas de funcionamiento y los incentivos aparecen, respectivamente, en las resoluciones 16 del Ministerio de Comercio Interior y 161 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicadas en la Gaceta Oficial número 64, del 4 de agosto de 2026.

Destacó que los mercados pueden establecerse, también, en otros locales de la red comercial o en inmuebles pertenecientes a otras empresas.

PARTICIPACIÓN ABIERTA

La gestión no está reservada a una sola forma económica. Según el directivo, pueden intervenir trabajadores por cuenta propia, empresas estatales, micro, pequeñas y medianas empresas estatales o privadas, y negocios de inversión extranjera.

“Todos los actores económicos que hoy están llamados a incentivar la economía del país, pueden gestionar un mercado de barrio”, afirmó.

El acceso a los establecimientos requiere, sin embargo, un proceso de licitación.

“Desde el Comercio, se favorecen los contratos de administración y de servicios por las posibilidades que ofrecen para gestionar locales y mantener el carácter estatal de los inmuebles, aunque otros actores económicos asuman su funcionamiento”, explicó.

La iniciativa, agregó, forma parte de un proceso más amplio de revitalización de los servicios minoristas.

INCENTIVOS PARA RECUPERAR LOS LOCALES

Entre las facilidades, mencionó la exoneración del pago del arrendamiento durante dos años y la prorrogación de ese beneficio mediante mejoras en los establecimientos.

Significó que la norma jurídica precisa que la prórroga procede en caso de haberse ejecutado procesos de inversión conforme a la legislación, que promuevan procesos de reorganización y mejoras constructivas.

También recalcó el interés por incorporar fuentes renovables de energía, relacionadas con la conservación de las mercancías y mejores condiciones para prestar el servicio.

“Estas facilidades buscan, por tanto, estimular la gestión y contribuir a recuperar espacios comerciales, cuya utilidad depende tanto de las ofertas como de las condiciones del local”, refirió.

-¿Cuánto pueden disminuir los precios?

-Para la población, el precio de los productos está en el centro de atención de los mercados de barrios.

Ruiz García subrayó que los incentivos tributarios, unidos a la exoneración del arrendamiento, deben ayudar a reducir los costos.

“La Resolución 161 fija una tasa del cinco por ciento para el impuesto sobre las ventas minoristas de los productos beneficiados, y exonera del impuesto sobre las ventas a los actores económicos no estatales por su comercialización mayorista con destino al proyecto”, detalló.

Según su estimación, la combinación de esas ventajas debe favorecer una disminución de un 15 al 20 por ciento en los precios minoristas.

“Se trata de una expectativa, no de una rebaja comprobada para cada producto ni de un porcentaje obligatorio establecido en las resoluciones.

“Hay que seguir intencionando, evaluando, esclarecerse sobre los incentivos que están aprobados para que exista, efectivamente, una disminución de precios.

“Este asunto ha requerido trabajo conjunto entre la entidad propietaria del inmueble y el gestor. La comparación debe hacerse con las ofertas del entorno, pues las condiciones no son iguales en todas las localidades; por tanto, todo se ajusta al entorno del municipio donde esté este mercado”, puntualizó.

Insistió que la prioridad es que la población perciba la disminución de los costos, porque serviría de poco si ese beneficio no encuentra expresión en el precio que paga el consumidor.

PAGO ELECTRÓNICO

“Las facilidades para comprar no han de limitarse a la cercanía del establecimiento. Los mercados de barrio también deben ofrecer opciones de pago electrónico, en correspondencia con las disposiciones que regulan la actividad comercial.

“La Resolución 93 de 2023 del Ministerio de Comercio Interior establece como requisito para los establecimientos sujetos a inscripción temporal o permanente en el Registro Central Comercial, disponer de facilidades de pago mediante las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta.

Agregó que, dada la resolución, no garantizar las facilidades de pago electrónico daría lugar a la suspensión de la actividad mediante el retiro del Certificado Comercial.

“Esa exigencia comprende a las personas naturales y jurídicas que realizan las actividades comerciales incluidas en dicho registro”, insistió, y aclaró que la obligación de habilitar estas vías no significa que se elimine el efectivo, ni que el cliente esté obligado a pagar digitalmente.

“Para los mercados de barrio, la Resolución 16 de 2026 refuerza esta orientación: su artículo 6 impulsa la mensajería, el preempaque y el uso de canales electrónicos, y establece que se opera en pesos cubanos”, advirtió.

“También contempla el comercio electrónico con pago desde el exterior, en ese caso las operaciones se realizan en divisas”, argumentó.

EL BARRIO TAMBIÉN DEFINE SU FUNCIÓN SOCIAL

“Es un mercado de barrio, no tiene ese nombre por gusto, sino por su enfoque social”, comentó.

Refirió que, desde estos establecimientos, está prevista la atención a personas en situación de vulnerabilidad y a grupos priorizados, donde pueden organizarse ventas controladas de determinados productos, en coordinación con las autoridades comunitarias.

“Un grupo de estos productos puede intencionarse de conjunto con las autoridades de la comunidad para la venta de manera controlada”, señaló, y mencionó entre los posibles destinatarios a personas mayores de 65 años, niños y embarazadas.

“Esa red se mantiene y puede ampliarse a partir de la identificación de quienes requieren asistencia social; no debe confundirse con la nueva modalidad comercial”, explicó.

ABASTECER, INFORMAR Y DAR SEGUIMIENTO

Según el último dato estadístico ofrecido por el sitio web Cubadebate el 22 de octubre último, en nuestro país existen 62 mercados de barrio constituidos.

En tal sentido, Alberto Ruiz,  reflexionó, que entre los asuntos que requieren  mayor seguimiento son  los precios, el reaprovisionamiento, y la divulgación de su ubicación en cada territorio.

“La apertura es solo una parte del proceso: sostener las ofertas resulta esencial para que el establecimiento responda a las necesidades cotidianas de la comunidad”, enfatizó.

También destacó el vínculo de la población con las bodegas, a las que describió como “una red de establecimientos del cual el pueblo cubano tiene un alto sentido de pertenencia”.

A los actores económicos interesados en participar, les recomendó consultar las disposiciones correspondientes y acudir a la Empresa municipal de Comercio, donde obtendrán información sobre los locales seleccionados y las convocatorias de licitación.

En cada municipio, indicó dirigirse a la Empresa de Comercio Local, para indagar acerca de los establecimientos que están siendo licitados para gestionar un mercado de barrio.

Afirmó que el comercio continúa trabajando y diseñando alternativas en pro de incrementar las ofertas de bienes y servicios a la población.

Las entidades destinadas para tales fines en Granma representan una posibilidad de recuperar servicios cercanos. El resultado se medirá en la experiencia de quienes acudan a comprar: qué encuentran, cuánto pagan y con qué regularidad pueden volver a disponer de esos productos.